Judicial
Les robaban todo, hasta la vida.
Asegurados en centro carcelario presuntos responsables de citar por aplicaciones virtuales a ciudadanos extranjeros para hurtarles las pertenencias en Cartagena.
En uno de los eventos delictivos que se les atribuye habrían estrangulado e incinerado a un ciudadano ruso.
La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez, los posibles responsables de contactar a extranjeros por aplicaciones virtuales de citas, pactar encuentros en sectores turísticos de Cartagena (Bolívar) y posteriormente trasladarlos a Turbaco (Bolívar) para arrebatarles las pertenencias o desocuparles las cuentas bancarias.
En uno de los eventos delictivos conocidos, ocurrido el pasado 2 de octubre, presuntamente le causaron la muerte a un ciudadano ruso.
La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar. Durante el recorrido otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor.
Las evidencias recopiladas indican que el extranjero opuso resistencia y fue atacado con arma cortopunzante, estrangulado, su cuerpo incinerado y abandonado en una finca.
En seis meses este grupo delincuencial habría hurtado a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.
En ese sentido, un fiscal especializado de la Seccional Bolívar los imputó, de acuerdo con su posible participación, por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, las tres conductas agravadas; y ocultamiento de elementos materiales probatorios.
Barco Chaverra aceptó los cargos en su contra Por disposición de un juez de control de garantías los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Turbaco y Bayunca (Bolívar), Sincelejo (Sucre) y Soacha (Cundinamarca). En los procedimientos se incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que pertenecerían a los afectados.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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