Judicial
Siguen cayendo los victimarios de Miguel Uribe Turbay
Señalado articulador del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay es imputado por crimen relacionado con actividades de narcomenudeo en Bogotá
Alias Chipi habría ordenado el homicidio de un hombre como parte de una violenta disputa por el control de la venta de estupefacientes en el occidente de la ciudad. Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2025.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, señalado articulador del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado el 7 de junio en el occidente de Bogotá.
Elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en su condición de cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas, habría ordenado el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo.
Para este propósito ilícito, al parecer, contactó por vía telefónica a una persona específica y le ofreció 4 millones de pesos para que ejecutara la acción sicarial.
Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, darle 2 millones de pesos como anticipo y mostrarle una fotografía.
El día de los hechos, Arteaga Hernández presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio, citó al atacante muy cerca de ese lugar y le entregó un arma de fuego en un vehículo. Horas después, en la madrugada, el homicidio se perpetró en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias Chipi los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Los cargos no fueron aceptados.
El procesado actualmente permanece privado de la libertad en centro carcelario por el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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