Las pruebas recopiladas por la Fiscalía evidenciaron que el procesado facilitó la huida de los involucrados en el crimen, ocurrido durante un intento de hurto en una estación de Transmilenio.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo la aprobación de un preacuerdo mediante el cual Kevin Leonardo Naranjo Lemus aceptó su participación en el crimen de un estudiante universitario, ocurrido el 15 de abril de este año durante un intento de hurto en la estación Minuto de Dios de Transmilenio, en el occidente de Bogotá.

Una juez de conocimiento avaló la negociación judicial, por el que el procesado será condenado a 17 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa.

La lectura de la sentencia está prevista para el próximo 29 de octubre. Las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que la víctima esperaba un articulado para dirigirse a su residencia cuando fue abordada por al menos tres personas que intentaron despojarla de su teléfono celular.

Durante los hechos, el joven recibió una herida con arma cortopunzante que le causó la muerte.

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La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, evidenció que Naranjo Lemus detuvo un articulado del sistema de transporte para facilitar la huida de los demás involucrados.

Por estos hechos, la Fiscalía también logró la judicialización de Harold Figueroa Ballén, quien permanece privado de la libertad.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres que estarían involucrados en actividades de tráfico local de estupefacientes en el municipio de Orocué, Casanare.

Los procesados fueron identificados como Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón, Nilson Fabián Morales Rivas, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, durante cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en diferentes sectores de Orocué, los cinco hombres fueron capturados en flagrancia.

En los procedimientos fueron incautados clorhidrato de cocaína, papeletas de bazuco, un arma de fuego hechiza, 115 cartuchos de diferentes calibres, ocho celulares, dos computadores portátiles, ocho frascos de pólvora y cuatro motocicletas que, al parecer, serían utilizadas para realizar domicilios de estupefacientes.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Casanare les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad contra Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón y Nilson Fabián Morales Rivas. Por su parte, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado continúan vinculados al proceso.

La Fiscalía recordó que la vinculación a un proceso penal y la imputación de cargos no constituyen una condena y que la responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de presuntamente agredir a su empleadora al interior de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, después de que el hombre habría solicitado el pago anticipado de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la habría agredido, provocando que cayera al suelo, y posteriormente la habría llevado hacia una zona menos visible del establecimiento, donde habría continuado la agresión y realizado amenazas.

Los llamados de auxilio alertaron a personas que se encontraban en los alrededores, quienes acudieron para ayudar a la mujer. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó una orden de captura, que fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá.

Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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