La Fiscalía acreditó que Felipe Rodríguez Mariano, como integrante del comité evaluador, orientó a uno de los proponentes para corregir inconsistencias en su oferta e incidió en la evaluación que derivó en la adjudicación del contrato.

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Felipe Rodríguez Mariano, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la contratación de la interventoría de un proyecto de vivienda gratuita.

La investigación dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que, en 2017, Fonade abrió una convocatoria privada para contratar la auditoría y supervisión de un proyecto que contempló la construcción de 4.678 viviendas en nueve departamentos.

Entre las tres empresas invitadas a participar se encontraba un consorcio referenciado previamente por dirigentes políticos. Rodríguez Mariano, como integrante del Comité Evaluador de Propuestas, comunicó a representantes de dicho consorcio los errores identificados en su oferta comercial y les indicó cómo subsanarlos.

También influyó en los demás evaluadores y facilitó la ampliación de los plazos para entregar la documentación requerida, pese a que la propuesta había sido rechazada el 6 y el 18 de abril de 2017.

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Adicionalmente, se conoció que el entonces funcionario sostuvo reuniones con directivos del proponente, en las que se comprometió a agilizar la emisión de un concepto favorable. Al día siguiente, el comité recomendó aceptar la oferta y, el 8 de mayo de 2017, se suscribió el contrato de interventoría por 16.612 millones de pesos, con un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta agotar los recursos disponibles.

Por lo anterior, Rodríguez Mariano fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión. Otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, han sido sentenciadas igualmente por otras instancias judiciales, dos de ellas exsenadores.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía evidenciaron que el procesado facilitó la huida de los involucrados en el crimen, ocurrido durante un intento de hurto en una estación de Transmilenio.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo la aprobación de un preacuerdo mediante el cual Kevin Leonardo Naranjo Lemus aceptó su participación en el crimen de un estudiante universitario, ocurrido el 15 de abril de este año durante un intento de hurto en la estación Minuto de Dios de Transmilenio, en el occidente de Bogotá.

Una juez de conocimiento avaló la negociación judicial, por el que el procesado será condenado a 17 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa.

La lectura de la sentencia está prevista para el próximo 29 de octubre. Las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que la víctima esperaba un articulado para dirigirse a su residencia cuando fue abordada por al menos tres personas que intentaron despojarla de su teléfono celular.

Durante los hechos, el joven recibió una herida con arma cortopunzante que le causó la muerte.

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La investigación, dirigida por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, evidenció que Naranjo Lemus detuvo un articulado del sistema de transporte para facilitar la huida de los demás involucrados.

Por estos hechos, la Fiscalía también logró la judicialización de Harold Figueroa Ballén, quien permanece privado de la libertad.

Durante el ataque, dos acompañantes de la víctima resultaron heridos; uno de ellos sufrió lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación en la investigación por el crimen del líder campesino Nelson Medina Muñoz, permitieron identificar y judicializar a Jhon Eduar Sánchez Verú, uno de los señalados implicados en la acción criminal ocurrida el 26 de junio de 2023 en la vereda Espinal de Gigante (Huila).

Este hombre y otras personas presuntamente llegaron a un establecimiento de comercio y dispararon en contra de la víctima en dos oportunidades, causándole la muerte.

Posteriormente, intimidaron y atacaron con arma de fuego a quienes la acompañaban, y se apoderaron de la camioneta en la que se movilizaban y de sus objetos de valor.

Uno de los afectados quedó herido. Nelson Medina Muñoz era pescador artesanal, líder campesino e integrante de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo).

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Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Sánchez Verú los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, lesiones personales, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

El procesado no aceptó los cargos y continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario, donde cumple una condena por otros hechos.