Judicial
Al descubierto red delincuencial dedicada a estafas mediante la venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá y Cundinamarca
Este grupo delincuencial tomaba en arriendo las propiedades para engañar a las víctimas y hacerles creer que eran los propietarios de los bienes ofertados en redes sociales.
Actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación dejaron al descubierto una red delincuencial dedicada a la venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá, Mosquera y Funza.
Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2025 y abril de 2026, y permitieron identificar y judicializar a dos presuntos integrantes de esta organización.
La investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció que, a través de redes sociales, la estructura delincuencial promocionaba la venta de inmuebles con el fin de captar víctimas interesadas en la compra de vivienda o finca raíz.
Una vez las víctimas establecían contacto, los integrantes de la organización acordaban encuentros para mostrar los inmuebles y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita.
Para ello, previamente tomaban las propiedades en arriendo y se hacían pasar por sus propietarios legítimos, con el propósito de ganarse la confianza de los compradores.
Asimismo, con la presunta participación de empleados de notarías, elaboraban documentos fraudulentos con sellos falsificados, entre ellos certificados de tradición y libertad, para inducir en error a los compradores.
Los procesados fueron identificados como Mauricio Navarrete Sarabia y Yuli Stella Guerrero López, empleada de una notaría, quienes habrían cumplido diferentes roles dentro de la estructura delincuencial.
El hombre sería el encargado de suplantar a los propietarios de los inmuebles y acudir a las notarías para autenticar documentación de manera fraudulenta.
Por su parte, Guerrero López, en calidad de auxiliar de notaría, presuntamente se habría aprovechado de su cargo para acceder a los sistemas empleados para las verificaciones biométricas y facilitar la expedición de documentos espurios con los que se perfeccionaban las compraventas fraudulentas.
La Fiscalía documentó al menos seis eventos delictivos en los que los propietarios legítimos fueron suplantados y nunca ofrecieron sus inmuebles en venta.
Asimismo, los implicados coordinaban citas con las víctimas en notarías previamente seleccionadas para formalizar los negocios ilícitos y recibían importantes sumas de dinero. Posteriormente, cortaban toda comunicación con los afectados. De esta manera, habrían obtenido de forma fraudulenta más de 500 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público.
Durante las audiencias concentradas, Navarrete Sarabia aceptó los cargos imputados. Por su parte, Guerrero López no aceptó su responsabilidad.
Por disposición de un juez de control de garantías, a la mujer le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario y al hombre en lugar de residencia.
Judicial
Golpe a red delincuencial señalada de falsificar documentos para grupos ilegales en Santa Marta
La investigación estableció que la organización habría falsificado cerca de 500 documentos de identidad para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Santa Marta (Magdalena), 30 de julio de 2026.
La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto el actuar de una red delincuencial que, presuntamente, se dedicaba a falsificar cédulas de ciudadanía y otros documentos públicos para facilitar actividades ilícitas en Santa Marta (Magdalena).
Las actividades investigativas permitieron establecer que, en diferentes inmuebles de la ciudad, los presuntos integrantes de la organización elaboraban cédulas de ciudadanía, tarjetas de propiedad de vehículos y placas para motocicletas y automóviles, utilizadas posteriormente para cometer estafas, falsedades y suplantaciones.
Para evadir la acción de las autoridades, algunos de ellos se hacían pasar por prestamistas informales o administradores de pagadiarios.
La investigación también evidenció que la red delincuencial sería la encargada de fabricar documentos falsos para grupos armados ilegales que delinquen en la región.
En agosto de 2025, presuntamente recibió un pedido de cerca de 500 cédulas de ciudadanía que serían entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
Por estos hechos fueron capturados y judicializados Elkin Alfonso López Arrieta, Germán Emilio Flórez Maestre, Miguel Ángel López Arrieta y Óscar Enrique Torres Ayola.
En diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional, fueron incautadas 73 cédulas de ciudadanía; una troqueladora; una laminadora; dos computadores portátiles; 11 celulares; 84 tarjetas SIM; papel fotográfico, y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para elaborar los documentos fraudulentos.
Algunos de los documentos incautados contenían la fotografía de uno de los procesados; sin embargo, los nombres no coincidían con su verdadera identidad. Otros presentaban alteraciones específicas en la impresión, la tinta fluorescente invisible UV, la película holográfica, los microtextos legibles, entre otros elementos.
Un fiscal de la Seccional Magdalena les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y falsedad personal. Los procesados aceptaron los cargos y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en lugar de domicilio.
Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’
Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.
De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.
El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.
Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).
Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.
Al descubierto red delincuencial dedicada a estafas mediante la venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá y Cundinamarca
Condenado a 8 años de prisión hombre que abusó sexualmente de una mujer en Paz de Ariporo (Casanare)
Golpe a red delincuencial señalada de falsificar documentos para grupos ilegales en Santa Marta
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