Entre los presuntos involucrados hay un paramédico y la mujer que habría transportado a la víctima en una motocicleta.

Tras 13 días de labores investigativas y actividades técnico-científicas, la Fiscalía General de la Nación logró la identificación y judicialización de cinco personas que estarían implicadas en el crimen de una mujer en etapa de gestación, en hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali (Valle del Cauca). Se trata de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron capturados con orden judicial, el pasado 30 de julio, durante diligencias de registro y allanamiento en Valle del Cauca.

Ante el reporte de desaparición de la mujer, de 21 años, que se encontraba en estado de gestación, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Alerta Rosa por el delito de desaparición forzada.

Posteriormente, el 20 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró el cuerpo de la mujer sin vida en el corregimiento La Buitrera. Sin embargo, la bebé que gestaba no estaba junto a la madre.

De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé.

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Rol de los procesados en el hecho 

Actividades investigativas lideradas por un fiscal especializado de la Seccional Cali permitieron establecer el rol de los procesados en la ejecución del ilícito. Yulieth Cecilia Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin. Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad.

Al llegar al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte.

En ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación.

Antes de salir del inmueble con el cuerpo de la víctima, habrían desplegado acciones para ocultar la evidencia del crimen.

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En cuanto al rol de Narváez Rodríguez, este se habría encargado de conducir el vehículo en el que todos los procesados trasladaron el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez.

Entre tanto, García Zuluaga habría estado a cargo de vigilar el área perimetral durante la comisión del hecho y en los recorridos posteriores, así como alertar sobre la presencia de las autoridades.

Por su parte, López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

Por todo lo anterior, un fiscal especializado, adscrito a la Seccional Cali, les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio.

Los procesados no aceptaron cargos.  Tras la captura de los procesados, el CTI y la Policía Nacional hallaron, en una zona boscosa de la ciudad, los restos que corresponderían a la bebé de la mujer asesinada, cuya identificación se encuentra en proceso por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Se trata de Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, quien habría participado en la planeación y ejecución de la retención y desaparición del profesional.

El 4 de abril de 2022, un ingeniero forestal, que adelantaba trabajos para una empresa pública en San Andrés de Cuerquía (Antioquia), fue interceptado por varios hombres, quienes lo amenazaron con armas blancas y un revólver, además de agredirlo y subirlo a un camión.

Ese mismo día la víctima fue vista por testigos en una vivienda y en el vehículo que lo retuvieron. Desde ese momento se desconoce su paradero. La investigación, adelantada por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableció que los responsables de la desaparición serían integrantes del grupo delincuencial organizado (GDO).

Los Mesa que delinquen en el noroccidente antioqueño. Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, para la época de los hechos investigados sería el coordinador de ‘Los Mesa’ en la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales.

Al parecer, fue quien planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima, se encargó de la custodia y estaría implicado en su desaparición. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Ortiz Muñoz el delito de desaparición forzada.

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Cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Este hombre fue notificado en un centro penitenciario de Tierra Alta (Córdoba), donde se encuentra cumpliendo una condena desde marzo de 2025, por los delitos de falsedad marcaria y receptación. 

En este proceso ya fueron judicializados alias 300 y alias Paisa, quienes se encuentran privados de la libertad en centro carcelario.

Este grupo delincuencial tomaba en arriendo las propiedades para engañar a las víctimas y hacerles creer que eran los propietarios de los bienes ofertados en redes sociales.

Actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación dejaron al descubierto una red delincuencial dedicada a la venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá, Mosquera y Funza.

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2025 y abril de 2026, y permitieron identificar y judicializar a dos presuntos integrantes de esta organización.

La investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estableció que, a través de redes sociales, la estructura delincuencial promocionaba la venta de inmuebles con el fin de captar víctimas interesadas en la compra de vivienda o finca raíz.

Una vez las víctimas establecían contacto, los integrantes de la organización acordaban encuentros para mostrar los inmuebles y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita.

Para ello, previamente tomaban las propiedades en arriendo y se hacían pasar por sus propietarios legítimos, con el propósito de ganarse la confianza de los compradores.

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Asimismo, con la presunta participación de empleados de notarías, elaboraban documentos fraudulentos con sellos falsificados, entre ellos certificados de tradición y libertad, para inducir en error a los compradores.

Los procesados fueron identificados como Mauricio Navarrete Sarabia y Yuli Stella Guerrero López, empleada de una notaría, quienes habrían cumplido diferentes roles dentro de la estructura delincuencial.

El hombre sería el encargado de suplantar a los propietarios de los inmuebles y acudir a las notarías para autenticar documentación de manera fraudulenta.

Por su parte, Guerrero López, en calidad de auxiliar de notaría, presuntamente se habría aprovechado de su cargo para acceder a los sistemas empleados para las verificaciones biométricas y facilitar la expedición de documentos espurios con los que se perfeccionaban las compraventas fraudulentas.

La Fiscalía documentó al menos seis eventos delictivos en los que los propietarios legítimos fueron suplantados y nunca ofrecieron sus inmuebles en venta.

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Asimismo, los implicados coordinaban citas con las víctimas en notarías previamente seleccionadas para formalizar los negocios ilícitos y recibían importantes sumas de dinero. Posteriormente, cortaban toda comunicación con los afectados. De esta manera, habrían obtenido de forma fraudulenta más de 500 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, estafa simple, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, obtención de documento público falso y falsedad material en documento público.

Durante las audiencias concentradas, Navarrete Sarabia aceptó los cargos imputados. Por su parte, Guerrero López no aceptó su responsabilidad. 

Por disposición de un juez de control de garantías, a la mujer le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario y al hombre en lugar de residencia.

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