El exalcalde de Galeras, Sucre, Remberto Javier Amell Hernández, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión por hechos de corrupción relacionados con contratos de pavimentación y recursos públicos.

El exmandatario aceptó su responsabilidad mediante allanamiento a cargos por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.

Los hechos ocurrieron durante su administración, entre 2016 y 2019, y estuvieron relacionados con proyectos financiados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), destinados a mejorar la malla vial de varios barrios de Galeras.

Según la investigación, también habría intervenido en la adjudicación de cuatro contratos de pavimentación por más de $13.000 millones, favoreciendo a terceros previamente seleccionados mediante instrucciones a funcionarios y modificaciones a los pliegos de condiciones.

La sentencia es de primera instancia, por lo que contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.

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La Fiscalía creó un Grupo Especial de Investigaciones para identificar y judicializar los ingresos irregulares a los sistemas que contienen información sensible y reservada sobre procesos penales e investigaciones en curso.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez con función de control de garantías de Bogotá a Fidel Moreno Ardila, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), por su presunta responsabilidad en el ingreso irregular al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), plataforma misional de la entidad en la que se registra y gestiona información reservada de los procesos penales.

Al parecer, el pasado 26 de febrero de 2026, Moreno Ardila, aprovechando los accesos habilitados por su rol como técnico investigador, ingresó en 16 oportunidades al sistema misional para consultar actuaciones relacionadas con una noticia criminal que no hacía parte de sus funciones ni le había sido asignada.

El caso consultado está relacionado con un grupo de delincuencia organizada al que se le atribuyen delitos como homicidios y tráfico local de estupefacientes. Asimismo, presuntamente extrajo información del sistema y descargó ocho archivos de contenido sensible, entre ellos órdenes a policía judicial, actas de allanamiento y registro, y documentos de soporte asociados a interceptaciones telefónicas realizadas dentro de esta investigación.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones, ambos en modalidad dolosa, teniendo en cuenta que Moreno Ardila, en su condición de servidor de la Fiscalía, conocía el carácter reservado de la información consultada y descargada.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición judicial, le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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Entre los presuntos involucrados hay un paramédico y la mujer que habría transportado a la víctima en una motocicleta.

Tras 13 días de labores investigativas y actividades técnico-científicas, la Fiscalía General de la Nación logró la identificación y judicialización de cinco personas que estarían implicadas en el crimen de una mujer en etapa de gestación, en hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali (Valle del Cauca). Se trata de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron capturados con orden judicial, el pasado 30 de julio, durante diligencias de registro y allanamiento en Valle del Cauca.

Ante el reporte de desaparición de la mujer, de 21 años, que se encontraba en estado de gestación, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y Alerta Rosa por el delito de desaparición forzada.

Posteriormente, el 20 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró el cuerpo de la mujer sin vida en el corregimiento La Buitrera. Sin embargo, la bebé que gestaba no estaba junto a la madre.

De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé.

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Rol de los procesados en el hecho 

Actividades investigativas lideradas por un fiscal especializado de la Seccional Cali permitieron establecer el rol de los procesados en la ejecución del ilícito. Yulieth Cecilia Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin. Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad.

Al llegar al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte.

En ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación.

Antes de salir del inmueble con el cuerpo de la víctima, habrían desplegado acciones para ocultar la evidencia del crimen.

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En cuanto al rol de Narváez Rodríguez, este se habría encargado de conducir el vehículo en el que todos los procesados trasladaron el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez.

Entre tanto, García Zuluaga habría estado a cargo de vigilar el área perimetral durante la comisión del hecho y en los recorridos posteriores, así como alertar sobre la presencia de las autoridades.

Por su parte, López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

Por todo lo anterior, un fiscal especializado, adscrito a la Seccional Cali, les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio.

Los procesados no aceptaron cargos.  Tras la captura de los procesados, el CTI y la Policía Nacional hallaron, en una zona boscosa de la ciudad, los restos que corresponderían a la bebé de la mujer asesinada, cuya identificación se encuentra en proceso por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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