Judicial
Con tantas pruebas y no aceptó los cargos
Judicializado presunto integrante de las disidencias de las FARC por secuestro y homicidio de personero de Cumbitara (Nariño).
También habría participado en un ataque armado contra la comitiva judicial que realizó la inspección a cadáver del funcionario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Pedro Cristian Goyes Arteaga, presunto integrante de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc que estaría implicado en el secuestro y posterior homicidio del personero de Cumbitara (Nariño), Jimmy Rosero Chávez.
Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2024, en la vereda Las Piedras, corregimiento de Sidón en Cumbitara.
El funcionario se reunía en un inmueble con habitantes del municipio desplazados por las confrontaciones entre grupos ilegales.
En medio del encuentro, hombres armados ingresaron al recinto, intimidaron al personero y se lo llevaron en un vehículo. Horas después, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el sector Puente Rojo, corregimiento El Ejido.
Justo en el momento en el que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaban la diligencia de inspección a cadáver, con apoyo de unidades de la Sijin de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, fueron atacados con artefactos explosivos y ráfagas de fusil por una estructura de las disidencias de las Farc.
En la acción un soldado profesional resultó herido.
Las labores investigativas indican que Goyes Arteaga habría participado en el secuestro y asesinato del personero, y en la emboscada a la comitiva oficial.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado; secuestro, violencia contra servidor público; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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