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Veedores ciudadanos torcidos

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Descubierta estructura delincuencial que a nombre de una red de veeduría ciudadana extorsionaba a alcaldes en Cesar

Tres de los presuntos integrantes de la organización fueron judicializados. Son señalados de exigir entre 10 y 300 millones de pesos a los mandatarios y otros funcionarios municipales para no entablar denuncias por supuestos hechos de corrupción.

Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López serían los integrantes de un grupo delincuencial que, haciéndose pasar como una red de veeduría ciudadana, presuntamente extorsionaba a alcaldes y funcionarios de diferentes municipios de Cesar.

Las evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que estas personas, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, habrían contactado a distintos servidores municipales a reuniones y exigido sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 300 millones de pesos para supuestamente abstenerse de interponer denuncias en su contra por hechos de corrupción o retirar acciones presentadas ante los organismos de control.

López Rojas es el señalado cabecilla del entramado ilegal; mientras que Toncel García, al parecer, ejercía como intermediario, y López estaría a cargo de la logística y recepción del dinero.

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En cumplimiento de estos roles delictivos se les atribuyen extorsiones contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, y el alcalde de Becerril.

Por estos hechos, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Judicial

Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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Judicial

Exalcalde en líos por millonario contrato

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Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.

Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.

Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.

Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.

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A la cárcel un degenerado

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Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.

En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).

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En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.

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