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Una vergüenza para la educación universitaria

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Judicializados presuntos responsables en la expedición y utilización de títulos universitarios falsos.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, como secretario de una fundación universitaria, es señalado de tramitar y emitir dos diplomas con base en información espuria, que posteriormente Juliana Andrea Guerrero Jiménez habría presentado para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el exsecretario general de una fundación universitaria particular con sede en Bogotá, Luis Carlos Gutiérrez Martínez; y Juliana Andrea Guerrero Jiménez, estarían involucrados en la expedición y utilización de títulos falsos.

El entonces directivo del centro de educación superior es señalado de certificar que la joven reunió los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, cuando en realidad no cumplió con el plan de estudios ni con otras obligaciones.

Para sustentar esta actuación habría consignado información falsa, como presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases, entre otros asuntos de índole académica. Validadores técnicos de la universidad rechazaron la solicitud de grado de Guerrero Jiménez; sin embargo, Gutiérrez Martínez de manera manual acreditó que todo estaba al día.

De esta manera, el 1 de julio de 2025 fueron emitidos los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien presuntamente tenía pleno conocimiento de su origen fraudulento y los utilizó en trámites oficiales con el fin de posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

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En ese sentido, se le atribuye consignar información falsa en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública e inducir en error a los servidores encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá imputó a Gutiérrez Martínez el delito de falsedad ideológica en documento público y a Guerrero Jiménez el delito de fraude procesal. Los procesados no aceptaron los cargos.

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Judicializados cinco hombres por presunta venta local de estupefacientes en Orocué

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres que estarían involucrados en actividades de tráfico local de estupefacientes en el municipio de Orocué, Casanare.

Los procesados fueron identificados como Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón, Nilson Fabián Morales Rivas, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, durante cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en diferentes sectores de Orocué, los cinco hombres fueron capturados en flagrancia.

En los procedimientos fueron incautados clorhidrato de cocaína, papeletas de bazuco, un arma de fuego hechiza, 115 cartuchos de diferentes calibres, ocho celulares, dos computadores portátiles, ocho frascos de pólvora y cuatro motocicletas que, al parecer, serían utilizadas para realizar domicilios de estupefacientes.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Casanare les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad contra Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón y Nilson Fabián Morales Rivas. Por su parte, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado continúan vinculados al proceso.

La Fiscalía recordó que la vinculación a un proceso penal y la imputación de cargos no constituyen una condena y que la responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.

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Judicializado hombre señalado de agredir y amenazar a su empleadora en Bogotá

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La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de presuntamente agredir a su empleadora al interior de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, después de que el hombre habría solicitado el pago anticipado de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la habría agredido, provocando que cayera al suelo, y posteriormente la habría llevado hacia una zona menos visible del establecimiento, donde habría continuado la agresión y realizado amenazas.

Los llamados de auxilio alertaron a personas que se encontraban en los alrededores, quienes acudieron para ayudar a la mujer. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó una orden de captura, que fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá.

Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Caen ‘Los Costas’, presunta red señalada de seguir a personas que retiraban dinero de los bancos

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La Fiscalía General de la Nación informó la captura de tres personas que serían integrantes de la estructura denominada ‘Los Costas’, investigada por su presunta participación en una serie de hurtos a usuarios del sistema financiero.

Según la investigación, la organización habría seleccionado personas que retiraban dinero en entidades bancarias para posteriormente seguirlas en motocicletas o vehículos y, en lugares previamente identificados, interceptarlas y despojarlas del efectivo.

La Fiscalía relacionó 14 hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 en municipios de Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca. De acuerdo con el expediente, el dinero presuntamente hurtado supera los 400 millones de pesos.

Los capturados fueron identificados como Lauren Marcela Balza Coneo, Rhonal Valdés Corpas y Douglas Antonio Orozco Álvarez. Las autoridades señalan que Balza Coneo presuntamente se encargaba de identificar a posibles víctimas dentro de las entidades financieras, mientras que Valdés Corpas y Orozco Álvarez estarían vinculados al seguimiento de las personas seleccionadas.

Las capturas se realizaron en Medellín, Barranquilla y Cartagena, en un procedimiento adelantado por el CTI, con apoyo de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.

Valdés Corpas y Orozco Álvarez fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Balza Coneo deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia.

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