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A la cárcel exalcalde de Segovia Antioquia

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Capturado exalcalde de Segovia (Antioquia) que estaría implicado en homicidio de líder sindical.

El crimen fue ejecutado por integrantes del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), por las continuas denuncias que realizaba en contra de la extracción ilegal de minerales.

Ante la Fiscalía General de la Nación fue puesto a disposición el exalcalde de Segovia (Antioquia), Albert José Rodríguez Luján, capturado por unidades de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla (Atlántico), para atender una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario impuesta en su contra por la presunta participación en el crimen del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria, ocurrido el 3 de octubre de 2003, en Segovia.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vinculó formalmente al exmandatario municipal a una investigación por el delito de homicidio agravado y le resolvió la situación jurídica de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Los elementos materiales probatorios indican que Rodríguez Luján estaría implicado en la planeación del ataque sicarial en contra de Olarte Gaviria.

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Integrantes de una estructura armada del denominado Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a la víctima mientras se movilizaba en una motocicleta y le dispararon hasta causarle la muerte.

El líder social habría sido atacado en retaliación por las continuas denuncias que hacía sobre minería ilegal en el nordeste antioqueño, en su condición de excabildante y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergetica) Seccional Segovia.

Por estos hechos, recientemente fue condenado el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, a 23 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado.

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Son unos monstruos

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Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.

Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).

Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.

Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba. 

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A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.

De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.

Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.

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Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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