La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de presuntamente agredir a su empleadora al interior de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, después de que el hombre habría solicitado el pago anticipado de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la habría agredido, provocando que cayera al suelo, y posteriormente la habría llevado hacia una zona menos visible del establecimiento, donde habría continuado la agresión y realizado amenazas.

Los llamados de auxilio alertaron a personas que se encontraban en los alrededores, quienes acudieron para ayudar a la mujer. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó una orden de captura, que fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá.

Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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El exalcalde de Galeras, Sucre, Remberto Javier Amell Hernández, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión por hechos de corrupción relacionados con contratos de pavimentación y recursos públicos.

El exmandatario aceptó su responsabilidad mediante allanamiento a cargos por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.

Los hechos ocurrieron durante su administración, entre 2016 y 2019, y estuvieron relacionados con proyectos financiados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), destinados a mejorar la malla vial de varios barrios de Galeras.

Según la investigación, también habría intervenido en la adjudicación de cuatro contratos de pavimentación por más de $13.000 millones, favoreciendo a terceros previamente seleccionados mediante instrucciones a funcionarios y modificaciones a los pliegos de condiciones.

La sentencia es de primera instancia, por lo que contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.

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La Fiscalía creó un Grupo Especial de Investigaciones para identificar y judicializar los ingresos irregulares a los sistemas que contienen información sensible y reservada sobre procesos penales e investigaciones en curso.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez con función de control de garantías de Bogotá a Fidel Moreno Ardila, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), por su presunta responsabilidad en el ingreso irregular al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), plataforma misional de la entidad en la que se registra y gestiona información reservada de los procesos penales.

Al parecer, el pasado 26 de febrero de 2026, Moreno Ardila, aprovechando los accesos habilitados por su rol como técnico investigador, ingresó en 16 oportunidades al sistema misional para consultar actuaciones relacionadas con una noticia criminal que no hacía parte de sus funciones ni le había sido asignada.

El caso consultado está relacionado con un grupo de delincuencia organizada al que se le atribuyen delitos como homicidios y tráfico local de estupefacientes. Asimismo, presuntamente extrajo información del sistema y descargó ocho archivos de contenido sensible, entre ellos órdenes a policía judicial, actas de allanamiento y registro, y documentos de soporte asociados a interceptaciones telefónicas realizadas dentro de esta investigación.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y utilización ilícita de redes de comunicaciones, ambos en modalidad dolosa, teniendo en cuenta que Moreno Ardila, en su condición de servidor de la Fiscalía, conocía el carácter reservado de la información consultada y descargada.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición judicial, le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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