Judicial
Tumbó a un montón de gente
Judicializado presunto integrante de un grupo delincuencial responsable de engañar personas interesadas en comprar bienes en Tolima
● A esta estructura se le atribuyen, al menos, tres hechos delictivos registrados entre febrero y mayo de 2024.
● Coordinaban reuniones con las víctimas en fincas de zona rural del departamento, con el pretexto de cerrar los negocios de compra y venta de inmuebles, dólares y oro, para luego hurtarlos.
Una acción liderada por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto la existencia de una red criminal señalada de captar ciudadanos interesados en comprar dólares, oro e inmuebles en el Tolima.
Uno de los integrantes de esta organización delincuencial sería John Gabriel Amariles Mateus a quien un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) lo imputó como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones; secuestro simple; hurto calificado y agravado; y actos sexuales violentos. Cargos que no aceptó.
El material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenció que el grupo delincuencial coordinaba las reuniones con las víctimas, con la falsa promesa de conocer los bienes de su interés o concretar otras ventas.
Los encuentros eran pactados en zonas rurales de Melgar, donde eran retenidas por hombres armados, quienes los encerraban en inmuebles, los amordazaban y despojaban de sus objetos de valor.
Al menos tres acciones ilegales atribuidas a esta red ilegal ocurrieron entre febrero y mayo de 2024. Uno de los hechos se registró el 20 de marzo de 2024 cuando tres de las víctimas acudieron a una finca.
Allí habrían sido abordadas e intimidadas con armas de fuego para hurtarles sus pertenencias, y 50 millones de pesos en efectivo con los que pretendían concretar la compra de un inmueble.
Durante la retención, una mujer, al parecer, fue sometida a tocamientos de índole sexual por Amariles Mateus.
En los otros dos casos, ocurridos el 26 de febrero y el 20 de mayo, respectivamente, los afectados fueron citados en el mencionado municipio, y luego los llevaron a un predio rural donde los encerraron en habitaciones y despojaron de sus pertenencias.
Servidores del CTI, en coordinación con la Policía Nacional, fueron los encargados de capturar al investigado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.
Por petición de la Fiscalía, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a John Gabriel Amariles Mateus.
La Fiscalía busca determinar si existen más víctimas de las acciones ilícitas atribuidas a esta organización delincuencial.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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