Judicial
Un alto nivel de maldad de estos delincuentes
Judicializado un integrante de ‘Los Mexicanos’ que estaría involucrado en el secuestro y asesinato de un comerciante que viajó de Medellín a Quibdó para concretar la compra de una maquinaria.
El grupo delincuencial obligó al hombre a grabar varios videos de supervivencia y posteriormente lo asesinaron.
Los registros audiovisuales fueron enviados a los familiares para presionarlos a pagar por una liberación que nunca ocurriría.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Ubaldo Alvarado, alias Hueso, señalado articulador principal de las actividades criminales de la organización delincuencial ‘Los Mexicanos’, que estaría implicado en el secuestro y posterior homicidio del comerciante antioqueño William Ferney Giraldo Naranjo, en hechos sucedidos entre julio y agosto de 2022, en Quibdó (Chocó).
Los elementos materiales probatorios indican que el comerciante fue citado para cerrar un supuesto negocio relacionado con la compra de una retroexcavadora.
En ese sentido, se trasladó por vía aérea de Medellín a Quibdó. Al llegar al aeropuerto tomó un taxi que lo llevó a un punto específico ubicado en inmediaciones del basurero Marmolejo, donde siete hombres, entre los que estaría alias Hueso, lo interceptaron, le arrebataron 20 millones de pesos, lo obligaron a desnudarse y se lo llevaron en contra de su voluntad.
Durante algunas horas estuvo retenido y fue inducido a grabar varios videos de supervivencia en los que aseguraba que estaba en poder del ELN.
Ese mismo día fue asesinado con armas de fuego y enterrado, sin embargo, los registros audiovisuales fueron enviados posteriormente a los familiares para obligarlos a pagar dinero por una liberación que nunca ocurriría.
Por todo lo anterior, alias Hueso fue capturado en Soacha (Cundinamarca).
Un fiscal de la Seccional Chocó lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio, hurto calificado, secuestro extorsivo, desaparición forzada; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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