Judicial
Cayeron victimarios de dos hombres a los que le quitaron la vida en Arauca
Judicializados presuntos integrantes del ELN que estarían involucrados en el secuestro y posterior homicidio de dos comerciantes en Arauca
Son señalados de contactar y citar a las víctimas para concretar la supuesta venta de maquinaria amarilla, retenerlas y hacerles exigencias económicas a las familias por una liberación que nunca ocurriría.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de seis presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN y de dos adolescentes que estarían implicados en el secuestro y posterior asesinato de dos comerciantes en Tame (Arauca), en hechos ocurridos entre el 15 y 24 de noviembre de 2024.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la estructura armada, mediante ofertas falsas de venta de maquinaria amarilla publicadas por redes sociales, contactó a las víctimas y las convenció de viajar de Valledupar (Cesar) a Tame para cerrar el negocio.
Al llegar a la vereda Mapoy, el punto que había sido pactado con los aparentes vendedores, los dos hombres fueron retenidos en contra de su voluntad, y uno de ellos obligado a llamar a sus familiares para pedir que consignarán 60 millones de pesos a dos cuentas bancarias para supuestamente cubrir el valor de la maquinaria adquirida.
Posteriormente, un cabecilla del ELN se comunicó con las familias de los dos comerciantes y les exigió 100 millones de pesos para dejarlos en libertad; sin embargo, fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en una zona rural, donde las autoridades los encontraron el 24 de noviembre de 2024.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Arauca imputó a seis de los señalados partícipes de la acción criminal los delitos de secuestro extorsivo, homicidio, hurto calificado y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.
Por su parte, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los afectados con la decisión son: Shirley Patricia Contreras Guzmán, alias Chuky; Yeimi Tatiana Soler, alias Madrina; Natalia Moreno Cuéllar alias Chiqui; Jaisver Rojas Medina, Jhon Alexi Díaz Chaparro, alias JJ; y Nelson Eduardo Díaz Chaparro, alias Motosierra.
A los menores de edad les fueron imputados los mismos cargos por una fiscal de Tame y deberán cumplir medida de internamiento preventivo.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, capturaron a los seis procesados y aprehendieron a los dos adolescentes en diligencias realizadas en Bogotá, Cali (Valle del Cauca), Arauca y Tame (Arauca), y Suaita (Santander).
Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’
Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.
De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.
El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.
Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).
Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.
Un juez penal condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, conocido como alias “Julito”, por su participación en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en el barrio Las Flores, en Barranquilla.
La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que señaló al condenado como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.
De acuerdo con la investigación, alias “Julito” habría realizado labores de seguimiento y vigilancia para identificar a las víctimas y establecer la ruta de escape que usarían los atacantes antes de la incursión armada ocurrida el 12 de septiembre de 2022 en un establecimiento comercial del sector.
Las autoridades indicaron que, una vez recopilada la información, el hoy condenado llegó al lugar junto con hombres armados y participó en el ataque indiscriminado contra varias personas que se encontraban departiendo en el sitio.
La Fiscalía también estableció que la acción violenta habría sido ordenada por cabecillas de “Los Costeños” en medio de disputas criminales por el control de actividades ilícitas en distintos sectores de la ciudad.
Por estos hechos, Julio César de la Hoz Román fue hallado responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.
La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la defensa.
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