Judicial
Tumbó a un montón de gente
Judicializado presunto integrante de un grupo delincuencial responsable de engañar personas interesadas en comprar bienes en Tolima
● A esta estructura se le atribuyen, al menos, tres hechos delictivos registrados entre febrero y mayo de 2024.
● Coordinaban reuniones con las víctimas en fincas de zona rural del departamento, con el pretexto de cerrar los negocios de compra y venta de inmuebles, dólares y oro, para luego hurtarlos.
Una acción liderada por la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto la existencia de una red criminal señalada de captar ciudadanos interesados en comprar dólares, oro e inmuebles en el Tolima.
Uno de los integrantes de esta organización delincuencial sería John Gabriel Amariles Mateus a quien un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) lo imputó como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones; secuestro simple; hurto calificado y agravado; y actos sexuales violentos. Cargos que no aceptó.
El material probatorio recopilado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) evidenció que el grupo delincuencial coordinaba las reuniones con las víctimas, con la falsa promesa de conocer los bienes de su interés o concretar otras ventas.
Los encuentros eran pactados en zonas rurales de Melgar, donde eran retenidas por hombres armados, quienes los encerraban en inmuebles, los amordazaban y despojaban de sus objetos de valor.
Al menos tres acciones ilegales atribuidas a esta red ilegal ocurrieron entre febrero y mayo de 2024. Uno de los hechos se registró el 20 de marzo de 2024 cuando tres de las víctimas acudieron a una finca.
Allí habrían sido abordadas e intimidadas con armas de fuego para hurtarles sus pertenencias, y 50 millones de pesos en efectivo con los que pretendían concretar la compra de un inmueble.
Durante la retención, una mujer, al parecer, fue sometida a tocamientos de índole sexual por Amariles Mateus.
En los otros dos casos, ocurridos el 26 de febrero y el 20 de mayo, respectivamente, los afectados fueron citados en el mencionado municipio, y luego los llevaron a un predio rural donde los encerraron en habitaciones y despojaron de sus pertenencias.
Servidores del CTI, en coordinación con la Policía Nacional, fueron los encargados de capturar al investigado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.
Por petición de la Fiscalía, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a John Gabriel Amariles Mateus.
La Fiscalía busca determinar si existen más víctimas de las acciones ilícitas atribuidas a esta organización delincuencial.
Judicializada exalcaldesa del resguardo indígena Inga, por presuntamente apropiarse de recursos para reconstruir el acueducto de su comunidad
La procesada se habría apropiado, en 2018, de 130 millones de pesos dispuestos para la reconstrucción del sistema de acueducto de la comunidad Inga. Mocoa (Putumayo), 13 de enero de 2025.
Ante un juez con función de control de garantías de Puerto Asís (Putumayo), la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación a Nidia Marizabel Becerra Marín, exalcaldesa del resguardo indígena Inga, ubicado en este departamento.
La exmandataria es investigada porque en 2018, al parecer, se apropió de 130 millones de pesos, dispuestos para la reconstrucción del sistema de acueducto de su comunidad.
El material probatorio aportado evidenció que Becerra Marín no explicó como invirtió dicho dinero.
Labores de policía judicial evidenciaron que el dinero, que se encontraba en una entidad financiera, habría sido retirado de manera gradual por Becerra Marín.
Para esto, se cree, recurrió a cheques en los que aparecía su firma como titular de la cuenta.
Esta situación fue confirmada en los extractos que solicitaron las directivas de la comunidad indígena al banco.
Por estos hechos, uniformados de la Policía Nacional capturaron a la ahora procesada en Orito (Putumayo).
En desarrollo de las audiencias concentradas, la mujer no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Canadiense, propietario de un hostal en Santa Marta, fue judicializado por el presunto secuestro y tortura a una menor de edad.
El extranjero habría aprovechado su condición de propietario de un hostal para retener en un cuarto a la víctima, a quien, además, se cree, sometió a maltratos físicos.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización del ciudadano canadiense Andy Asselin, quien habría retenido ilegalmente a una menor de 13 años en un hostal de su propiedad, ubicado en Santa Marta (Magdalena).
Por estos hechos el hombre fue imputado por el delito de secuestro simple agravado, cargo que no aceptó.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Magdalena con apoyo de la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes, evidenció que el 26 de abril de 2024 la víctima habría sido secuestrada y torturada por dos personas, una de ellas Asselin, de 29 años por, supuestamente, haber tomado sin permiso algunos objetos del hostal.
La evidencia física recaudada permitió determinar que la víctima, al parecer, fue llevada por la fuerza a una de las habitaciones del lugar, donde fue amarrada de pies y manos, y sometida a tratos degradantes.
La detención del extranjero se logró en medio de un procedimiento de rutina adelantado en un puesto de control instalado por la policía de turismo en la terminal de transportes de Cartagena.
Durante los procedimientos de rigor, los uniformados se percataron de la existencia de una circular azul y orden de captura expedida por Interpol en contra de Asselín.
Un juez de control de garantías le impuso al procesado medida de aseguramiento en centro carcelario.
En Tolima fue asegurado presunto responsable del asesinato de su pareja sentimental
El cuerpo de la víctima fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un canal de aguas lluvias.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre, presuntamente responsable de causar la muerte de su compañera sentimental, de 45 años.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 21 de diciembre en inmediaciones de la Arboleda del Campestre en Ibagué (Tolima).
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Tolima imputó al procesado los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
La Fiscalía determinó que poco antes del crimen la mujer había sostenido una fuerte discusión con el presunto agresor quien, se cree, la cuestionó por una situación que se habría presentado en una reunión con sus compañeros de trabajo.
La víctima sufrió heridas causadas con un objeto contundente, al parecer, el casco usado por el investigado para conducir motocicleta.
Según la investigación, con el aparente propósito de evadir la justicia, el judicializado habría arrojado el cuerpo de la mujer a un caño.
Los familiares de la víctima denunciaron su desaparición por lo que de inmediato fue activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), logrando hallarlo en avanzado estado de descomposición en la glorieta del Rodeo en Ibagué (Tolima).
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en coordinación con el Ejército y la Policía Nacional, capturaron el pasado 7 de enero al ahora imputado, en la vereda Buenos Aires, en zona rural de capital tolimense.
En desarrollo del procedimiento, fueron incautadas una motocicleta, una mochila que pertenecería a la víctima y dos celulares.
El investigado no aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos por la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
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