Judicial
Siguen destapándose las ollas podridas de Gestión del Riesgo Nacional
Pedro Rodríguez Melo será testigo en investigaciones por actos de corrupción en la UNGRD, direccionamiento de contrato de Licores en Nariño y proyecto de reconstrucción de Mocoa.
El exasesor jurídico, condenado por la apropiación de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en virtud de un principio de oportunidad se compromete a entregar información y evidencias en contra de 13 personas involucrados en cinco radicados.
Una juez penal de control garantías de Bogotá impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el exasesor Jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Andrés Rodríguez Melo, vinculado a dos investigaciones relacionadas con actos de corrupción en la contratación de carrotanques, carros de bomberos y materiales para la atención de emergencias en varios departamentos; y en el posible direccionamiento irregular de un contrato de comercialización de licores en Nariño.
Con esta decisión se suspende la acción penal en contra del procesado, por el término de un año, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad en documento privado; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y falsedad material en documento público.
Asimismo, Rodríguez Melo se compromete a servir como testigo de cargo contra 13 personas investigadas en cinco radicados distintos relacionados con tres eventos delictivos: la apropiación de recursos y la contratación irregular en la UNGRD; el proceso de regulación del negocio de licores y su adjudicación en la Gobernación de Nariño; y el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).
El pasado 8 de abril, el exfuncionario de la UNGRD fue condenado mediante preacuerdo a 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado en favor propio y de terceros.
Judicial
Son unos monstruos
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.

Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
Judicial
A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Judicial
Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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