Judicial
Tremendos tumbes que hacían
Desarticulada red delictiva señalada de tramitar y cobrar irregularmente más de 2.500 títulos judiciales.
Fueron judicializados un juez de pequeñas causas de Barranquilla (Atlántico), un exsecretario de juzgado, un abogado y dos particulares, que estarían involucrados en las distintas maniobras para desembolsar fraudulentamente más de 2.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del juez de pequeñas causas de Barranquilla (Atlántico), Rafael Eduardo Castillo González; el exsecretario de juzgado, Dair Enrique Cuadro Crespo; el abogado Breiner Leonardo Gómez Cuadro y dos particulares, identificados como Domingo Alberto Altamar Calle y Leonardo Rafael Fuentes González, como posibles responsables de tramitar y cobrar irregularmente más de 2.500 títulos judiciales.
Estas personas se habrían concertado para poner en marcha distintas maniobras fraudulentas que les permitieran gestionar la salida de los dineros que estaban a órdenes del despacho del juez Castillo González, por concepto de depósitos y otras obligaciones relacionadas con diferentes procesos.
En ese sentido, el titular del juzgado y su entonces secretario presuntamente autorizaron el desembolso de 2.000 millones de pesos, entre 2016 y 2022, en beneficio del abogado Gómez Cuadro y los particulares con pleno conocimiento de que no cumplía los requisitos legales ni tenían vínculo con los casos asociados a los títulos judiciales.
Así quedó en evidencia luego de analizar las huellas digitales plasmadas en la documentación que soportaba los cobros y avanzar con otras actividades investigativas.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Atlántico imputó a los señalados involucrados en el entramado ilegal los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
Los cargos no fueron aceptados.
Cuadro Crespo, Gómez Cuadro y Altamar Calle recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, el juez Castillo González deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Fuentes González seguirá vinculado en el proceso.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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