Judicial
Le cobraban a todo el mundo
Fiscalía afecta al grupo delincuencial ‘La Veracruz’, dedicado al cobro de extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales de Medellín.
21 presuntos integrantes de esta red ilegal fueron judicializados y asegurados en centro carcelario, entre ellos el señalado cabecilla y seis articuladores de las actividades delictivas.
Un juez penal de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 18 hombres y 3 mujeres que harían parte del grupo delincuencial ‘La Veracruz’, señalado de cobrar extorsiones a comerciantes, trabajadoras sexuales, integrantes de la población LGTBIQ+, vendedores informales, transportadores y propietarios de hoteles en la Comuna 10 de Medellín (Antioquia).
Un fiscal Gaula de la Seccional Medellín imputó a estas personas, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir, extorsión -consumada y en grado de tentativa- y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
Los cargos no fueron aceptados. Los elementos materiales probatorios indican que los hoy procesados estarían implicados en la venta de estupefacientes al menudeo y en la imposición de cuotas de dinero a sus víctimas, las cuales oscilaban entre 10.000 y 100.000 pesos semanales, para permitirles ejercer sus oficios y actividades económicas en los sectores La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito, ubicados en el centro de la ciudad.
En ese sentido, Fred Alexander Molina Álvarez, el presunto cabecilla de la red ilegal, sería el encargado de identificar los objetivos de las extorsiones y de articular todo lo relacionado con la comercialización de las sustancias ilícitas.
Adicionalmente, contaba con seis coordinadores de zona, también judicializados. Ellos son: Jhon Fernando Loaiza Velásquez, alias Barbado; Jonattan Eliot Rivera Cano, alias Mono o Tatuado; Jader Arley Toro Posada, alias Monito; Luis Fernando Ossa Rodríguez, alias Ossa; José Ramiro Molina Arias, alias Ramiro y Jonatan Jesús Valencia Avilés, alias Zarco.
A los demás presuntos integrantes del grupo ilegal se les atribuye las presiones a los comerciantes, trabajadoras sexuales y otras víctimas para que cumplieran con los pagos exigidos.
En algunas oportunidades las golpeaban o arrebataban las pertenencias para aumentar el nivel de intimidación.
En uno de los eventos delictivos conocidos en la investigación, un comerciante del sector San Benito alcanzó a pagar cerca de 25 millones de pesos.
Finalmente, en mayo de este año, 14 hombres ingresaron a la fuerza a su establecimiento y lo amenazaron de muerte para que les entregara el producido del día y otros bienes.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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