Judicial
Le cobraban a todo el mundo
Fiscalía afecta al grupo delincuencial ‘La Veracruz’, dedicado al cobro de extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales de Medellín.
21 presuntos integrantes de esta red ilegal fueron judicializados y asegurados en centro carcelario, entre ellos el señalado cabecilla y seis articuladores de las actividades delictivas.
Un juez penal de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 18 hombres y 3 mujeres que harían parte del grupo delincuencial ‘La Veracruz’, señalado de cobrar extorsiones a comerciantes, trabajadoras sexuales, integrantes de la población LGTBIQ+, vendedores informales, transportadores y propietarios de hoteles en la Comuna 10 de Medellín (Antioquia).
Un fiscal Gaula de la Seccional Medellín imputó a estas personas, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir, extorsión -consumada y en grado de tentativa- y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
Los cargos no fueron aceptados. Los elementos materiales probatorios indican que los hoy procesados estarían implicados en la venta de estupefacientes al menudeo y en la imposición de cuotas de dinero a sus víctimas, las cuales oscilaban entre 10.000 y 100.000 pesos semanales, para permitirles ejercer sus oficios y actividades económicas en los sectores La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito, ubicados en el centro de la ciudad.
En ese sentido, Fred Alexander Molina Álvarez, el presunto cabecilla de la red ilegal, sería el encargado de identificar los objetivos de las extorsiones y de articular todo lo relacionado con la comercialización de las sustancias ilícitas.
Adicionalmente, contaba con seis coordinadores de zona, también judicializados. Ellos son: Jhon Fernando Loaiza Velásquez, alias Barbado; Jonattan Eliot Rivera Cano, alias Mono o Tatuado; Jader Arley Toro Posada, alias Monito; Luis Fernando Ossa Rodríguez, alias Ossa; José Ramiro Molina Arias, alias Ramiro y Jonatan Jesús Valencia Avilés, alias Zarco.
A los demás presuntos integrantes del grupo ilegal se les atribuye las presiones a los comerciantes, trabajadoras sexuales y otras víctimas para que cumplieran con los pagos exigidos.
En algunas oportunidades las golpeaban o arrebataban las pertenencias para aumentar el nivel de intimidación.
En uno de los eventos delictivos conocidos en la investigación, un comerciante del sector San Benito alcanzó a pagar cerca de 25 millones de pesos.
Finalmente, en mayo de este año, 14 hombres ingresaron a la fuerza a su establecimiento y lo amenazaron de muerte para que les entregara el producido del día y otros bienes.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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