Judicial
Se aprovechaban de los jóvenes
En evidencia red delictiva señalada de explotar sexualmente a menores de edad en parques y lugares públicos de Bucaramanga.
11 de los presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados y privados de la libertad.
Entre las víctimas hay adolescentes trans cuya situación de vulnerabilidad fue aprovechada para inducirlas a ejercer actividad sexual paga.
En inmediaciones de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, quedó en evidencia un negocio ilícito que crecía a costa de la integridad y la formación física y sexual de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros.
Una red delictiva, con roles plenamente establecidos, contactaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad, les proporcionaban transporte y las inducían a ejercer actos sexuales en residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente y a cambio de determinadas sumas que eran administradas por las señaladas articuladoras principales.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a 11 de los presuntos involucrados en la actividad ilegal.
Se trata de las mujeres trans Diana Chinchilla y Barón Correa María José; los propietarios o administradores de hoteles o residencias, Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño; el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto; los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas; y Leonela Milagros Carreño Palencia.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron el delito de trata de personas agravada.
Adicionalmente, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto les formularon cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Los elementos materiales probatorios indican que María José y Diana serían las encargadas de exponer a las adolescentes para concertar los servicios sexuales.
En otros casos, la ciudadana venezolana Carreño Palencia presuntamente captaba a las víctimas y les proporcionaba cédulas para ocultar sus identidades y hacerlas pasar como mayores de edad.
Los propietarios y administradores de residencias, hoteles y bares son señalados de permitir que las adolescentes ingresaran a sus establecimientos y ejercieran las actividades sexuales, sin dejar registros en los libros de control de los huéspedes.
Entre tanto, los taxistas facilitaban los trasladados de las menores de edad.
Las evidencias indican que Carreño Palencia también habría explotado sexualmente a algunas de sus familiares menores de edad.
Por disposición de los jueces de control de garantías, 10 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
Judicial
Un teniente y tres soldados profesionales fueron acusados por el homicidio de un campesino en Bolívar.
El crimen ocurrió el 9 de abril de 2017, durante una operación militar dirigida contra un cabecilla del ELN. Bogotá, D.C., 4 de abril de 2026.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García, como presuntos responsables de causarle la muerte a un campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de Arenal (Bolívar).
Los militares, adscritos en su momento a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, participaban en una operación que buscaba ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido como ‘Cusi’, de quien presuntamente frecuentaba la región.
En uno de los desplazamientos para cumplir la misión encomendada, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban.
Los civiles contrariados por el procedimiento salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida.
Una de las personas murió y la otra fue detenida. Los elementos materiales probatorios indican que las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después.
En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.
Confirmada condena contra hombre que secuestró a dos comerciantes en Medellín
Se trata de Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, integrante de la organización delincuencial ‘Los Pesebres’.
Las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral contra Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, fueron avalados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín que confirmó la condena de 38 años y 4 meses de prisión impuesta a este señalado integrante del grupo delincuencial ‘Los Pesebres’ por el secuestro de dos comerciantes en Medellín.
El 28 de octubre de 2019, las víctimas fueron citadas mediante engaño con el supuesto de realizar la entrega a domicilio de un producto que sería comprado.
Al llegar al lugar acordado, fueron interceptadas, trasladadas en contra de su voluntad a un inmueble y retenidas por más de tres horas.
Durante ese tiempo soportaron amenazas, agresiones físicas y tratos degradantes. En el curso de la investigación orientada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que Quintero Blandón estuvo involucrado directamente en el secuestro y exigencia de dinero y bienes a las víctimas por su liberación.
La condena en su contra como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, además de precisar que debe cumplir la pena en establecimiento carcelario, impone una multa equivalente a 13.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
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