Judicial
Se aprovechaban de los jóvenes
En evidencia red delictiva señalada de explotar sexualmente a menores de edad en parques y lugares públicos de Bucaramanga.
11 de los presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados y privados de la libertad.
Entre las víctimas hay adolescentes trans cuya situación de vulnerabilidad fue aprovechada para inducirlas a ejercer actividad sexual paga.
En inmediaciones de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, quedó en evidencia un negocio ilícito que crecía a costa de la integridad y la formación física y sexual de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros.
Una red delictiva, con roles plenamente establecidos, contactaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad, les proporcionaban transporte y las inducían a ejercer actos sexuales en residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente y a cambio de determinadas sumas que eran administradas por las señaladas articuladoras principales.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a 11 de los presuntos involucrados en la actividad ilegal.
Se trata de las mujeres trans Diana Chinchilla y Barón Correa María José; los propietarios o administradores de hoteles o residencias, Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño; el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto; los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas; y Leonela Milagros Carreño Palencia.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron el delito de trata de personas agravada.
Adicionalmente, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto les formularon cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Los elementos materiales probatorios indican que María José y Diana serían las encargadas de exponer a las adolescentes para concertar los servicios sexuales.
En otros casos, la ciudadana venezolana Carreño Palencia presuntamente captaba a las víctimas y les proporcionaba cédulas para ocultar sus identidades y hacerlas pasar como mayores de edad.
Los propietarios y administradores de residencias, hoteles y bares son señalados de permitir que las adolescentes ingresaran a sus establecimientos y ejercieran las actividades sexuales, sin dejar registros en los libros de control de los huéspedes.
Entre tanto, los taxistas facilitaban los trasladados de las menores de edad.
Las evidencias indican que Carreño Palencia también habría explotado sexualmente a algunas de sus familiares menores de edad.
Por disposición de los jueces de control de garantías, 10 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres que estarían involucrados en actividades de tráfico local de estupefacientes en el municipio de Orocué, Casanare.
Los procesados fueron identificados como Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón, Nilson Fabián Morales Rivas, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, durante cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en diferentes sectores de Orocué, los cinco hombres fueron capturados en flagrancia.
En los procedimientos fueron incautados clorhidrato de cocaína, papeletas de bazuco, un arma de fuego hechiza, 115 cartuchos de diferentes calibres, ocho celulares, dos computadores portátiles, ocho frascos de pólvora y cuatro motocicletas que, al parecer, serían utilizadas para realizar domicilios de estupefacientes.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Casanare les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad contra Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón y Nilson Fabián Morales Rivas. Por su parte, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado continúan vinculados al proceso.
La Fiscalía recordó que la vinculación a un proceso penal y la imputación de cargos no constituyen una condena y que la responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.
La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de presuntamente agredir a su empleadora al interior de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, después de que el hombre habría solicitado el pago anticipado de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la habría agredido, provocando que cayera al suelo, y posteriormente la habría llevado hacia una zona menos visible del establecimiento, donde habría continuado la agresión y realizado amenazas.
Los llamados de auxilio alertaron a personas que se encontraban en los alrededores, quienes acudieron para ayudar a la mujer. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó una orden de captura, que fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá.
Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Judicial
Caen ‘Los Costas’, presunta red señalada de seguir a personas que retiraban dinero de los bancos
La Fiscalía General de la Nación informó la captura de tres personas que serían integrantes de la estructura denominada ‘Los Costas’, investigada por su presunta participación en una serie de hurtos a usuarios del sistema financiero.
Según la investigación, la organización habría seleccionado personas que retiraban dinero en entidades bancarias para posteriormente seguirlas en motocicletas o vehículos y, en lugares previamente identificados, interceptarlas y despojarlas del efectivo.
La Fiscalía relacionó 14 hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 en municipios de Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca. De acuerdo con el expediente, el dinero presuntamente hurtado supera los 400 millones de pesos.
Los capturados fueron identificados como Lauren Marcela Balza Coneo, Rhonal Valdés Corpas y Douglas Antonio Orozco Álvarez. Las autoridades señalan que Balza Coneo presuntamente se encargaba de identificar a posibles víctimas dentro de las entidades financieras, mientras que Valdés Corpas y Orozco Álvarez estarían vinculados al seguimiento de las personas seleccionadas.
Las capturas se realizaron en Medellín, Barranquilla y Cartagena, en un procedimiento adelantado por el CTI, con apoyo de la Policía Nacional.
Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
Valdés Corpas y Orozco Álvarez fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Balza Coneo deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia.
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