Judicial
Producían cocaína a gran escala en laboratorios clandestinos de Norte de Santander
El presunto cabecilla de la estructura criminal, alias Rey; y siete posibles integrantes fueron capturados y judicializados.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a ocho presuntos integrantes de una red narcotraficante a la que se le atribuye el procesamiento, transporte y comercialización de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander y zona de frontera con Venezuela.
En 23 meses de actividades investigativas se estableció que esta organización trasladaba insumos, maquinaria y demás elementos a laboratorios clandestinos ubicados en el corregimientos San Roque, en Sardinata (Norte de Santander), donde era producida a gran escala la sustancia ilícita.
Posteriormente, transportaba el estupefaciente en pequeñas cantidades a Cúcuta (Norte de Santander), camuflado en volquetas que cargaban carbón y en taxis y otros vehículos de servicio público acondicionados con caletas.
Las evidencias dan cuenta de que la cocaína era vendida a grupos trasnacionales que se encargaban de sacarla a Venezuela, rumbo a destinos internacionales; y a estructuras de narcomenudeo que tenían injerencia en el área metropolitana. En el último año a esta red le fueron incautados cerca de 50 kilogramos de cocaína, en tres procedimientos distintos.
Uno ejecutado en un taller de El Zulia (Norte de Santander), en el que se encontraron algo más de 12 kilogramos en una volqueta; y otros dos en controles viales en inmediaciones de Cúcuta, en los cuales los alijos estaban ocultos en taxis.
Las ocho personas que harían parte de este entramado fueron capturadas en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional en Cúcuta.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó, de acuerdo con el posible rol y participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.
Entre los investigados está Reynaldo Rivera Rodríguez, alias Rey, señado cabecilla y financiador principal de la organización; y su compañera sentimental, Leivy Vianeth Amaya Arias, quien sería la encargada de realizar algunos pagos por la elaboración y traslado de la sustancia ilegal.
Los demás presuntos integrantes cumplirían diferentes actividades relacionadas con el procesamiento del narcótico, como Jhon Piña Pico, alias Majumba; y Jesús Hernández Antolínez, alias Anillos; y el transporte y comercialización de la cocaína, entre ellos Albeiro Becerra Rosas, alias Nené; los hermanos Jonny Alexander y Óscar Leonardo Flórez Llanes, conocidos como ‘Firma’; y Edison Iván Herrera Piñerez, alias Gordo.
Todos los investigados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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