Judicial
Incautadas más de dos toneladas de uniformes y otros elementos de uso exclusivo de las FFMM, vendidos sin los permisos de Ley
Los productos eran comercializados en almacenes de las localidades de Puente Aranda y La Candelaria, en Bogotá. En los procedimientos también fueron hallados cartuchos y dinero en efectivo.
En una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional fueron intervenidos ocho inmuebles en los que eran vendidos uniformes, prendas y accesorios similares a los que utiliza la fuerza pública, que simulaban los productos confeccionados y elaborados por industrias nacionales e internacionales que tienen aval para ejercer estas actividades.
Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los barrios San Rafael, localidad de Puente Aranda; y La Candelaria, en el centro de Bogotá.
En los procedimientos se hallaron dos toneladas de textiles y otros elementos, representados en 51 unidades de gafas deportivas, 522 pares de guantes tácticos, 4 uniformes completos tipo militar, 1.250 pendras y artículos similares a los usados por las fuerzas militares, 268 pantalones tácticos tipo camuflado, 165 pavas pixeladas tipo desierto, 325 gorras con insignias de la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional; y 145 cintas tipo cordón para porta carné con los escudos de diferentes autoridades.
Adicionalmente, se encontraron 250 cartuchos 9 mm para arma traumática, 297 cartuchos de seguridad de diferentes calibres, siete pistolas plásticas para entrenamiento con proveedores extraíbles, 1.108 armas cortopunzantes y 5’116.000 pesos en efectivo.
Un fiscal del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acudió ante un juez de control de garantías, y obtuvo aval judicial sobre las diligencias y todo lo incautado.
Las investigaciones seguirán por usurpación de los derechos de propiedad industrial y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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