Judicial
Familia delincuente
Presuntos integrantes de red narcotraficante señalada de enviar viajeros a Francia con estupefacientes en su cuerpo fueron judicializados.
El grupo criminal estaría conformado por integrantes de una misma familia, incluida una menor de edad.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a siete presuntos integrantes de una red narcotraficante denominada Eiffel, que estarían involucrados en el envío de personas a París (Francia) con cocaína ingerida dentro de su organismo.
Se trata de Erika Milena Muñoz Betancourt, alias Zarca, presunta cabecilla; María Eugenia Muñoz Betancur, Harold Andrés Rivera Rúa, alias Tatoo; Maryely Rúa Cano, alias Mayerly; José Heli Muñoz, alias Zarco, Dagoberto Ramírez Tenorio, alias Dago y una menor de 16 años de edad.
Varios de los hoy judicializados tienen vínculo familiar entre ellos. La investigación estableció que, en al menos cuatro oportunidades, la red criminal, al parecer, preparó, coordinó y envió correos humanos que ingerían cápsulas cargadas con cocaína para transportarlas desde el Aeropuerto Matecaña, en Pereira (Risaralda), con escala en Bogotá y con destino final al aeropuerto internacional en París (Francia).
Los presuntos responsables se encargaban de preparar y empacar las cápsulas de los estupefacientes en dedos de látex, orientar y supervisar que los correos ingirieran las mismas, proporcionar tiquetes y dinero, además de adecuar la logística para salir del país.
Posteriormente, en París, Erika Milena Muñoz Betancourt, al parecer, se encargaba de recibir a las personas que transportaban la sustancia ilícita, obtener la mercancía y comercializarla.
El material de prueba da cuenta de que las personas que transportaban los estupefacientes recibían pagos cercanos a los 30 millones de pesos y los alucinógenos eran vendidos en Francia en 100 millones de pesos.
Por lo anterior, los procesados fueron imputados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos, las dos últimas conductas agravadas.
Rivera Rúa, Rúa Cano y Muñoz aceptaron los cargos.
Por su parte, la menor de edad fue imputada por los delitos de fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, ambos agravados y guardó silencio.
Los procesados fueron capturados en vía pública y durante cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Pereira, Dosquebradas (Risaralda) y Cali (Valle del Cauca) por servidores de Policía Nacional.
En las actividades judiciales les encontraron cerca de 600 gramos de cocaína empacados en la forma en la que era enviada al exterior.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Erika Milena Muñoz Betancourt.
Por su parte, a María Eugenia Muñoz Betancur, Maryely Rúa Cano y José Heli Muñoz, en lugar de domicilio.
A su vez, la menor de edad fue cobijada con medida de internamiento preventivo en centro especializado.
A Harold Andrés Rivera Rúa le fue impuesta medida no privativa de la libertad.
Dagoberto Ramírez Tenorio no fue afectado con medidas por cuanto tiene activa una sentencia condenatoria en su contra por haber sido descubierto y capturado en posesión de las mencionadas cápsulas de estupefacientes en diciembre de 2024 en el aeropuerto internacional El Dorado.
Asegurado en centro carcelario profesor de artes que habría abusado sexualmente de dos de sus alumnas menores de edad
Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García , profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá) quien habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.
Entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.
Finalmente, las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.
En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Pedro Rodríguez Melo será testigo en investigaciones por actos de corrupción en la UNGRD, direccionamiento de contrato de Licores en Nariño y proyecto de reconstrucción de Mocoa.
El exasesor jurídico, condenado por la apropiación de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en virtud de un principio de oportunidad se compromete a entregar información y evidencias en contra de 13 personas involucrados en cinco radicados.
Una juez penal de control garantías de Bogotá impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el exasesor Jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Andrés Rodríguez Melo, vinculado a dos investigaciones relacionadas con actos de corrupción en la contratación de carrotanques, carros de bomberos y materiales para la atención de emergencias en varios departamentos; y en el posible direccionamiento irregular de un contrato de comercialización de licores en Nariño.
Con esta decisión se suspende la acción penal en contra del procesado, por el término de un año, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad en documento privado; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y falsedad material en documento público.
Asimismo, Rodríguez Melo se compromete a servir como testigo de cargo contra 13 personas investigadas en cinco radicados distintos relacionados con tres eventos delictivos: la apropiación de recursos y la contratación irregular en la UNGRD; el proceso de regulación del negocio de licores y su adjudicación en la Gobernación de Nariño; y el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).
El pasado 8 de abril, el exfuncionario de la UNGRD fue condenado mediante preacuerdo a 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado en favor propio y de terceros.
Condenada articuladora del componente de corrupción del ‘Clan del Golfo’ en magdalena medio y sur de Bolívar
Teresa Jaramillo Giraldo sería la dinamizadora de un grupo de personas que contactaba a algunos integrantes de la fuerza pública y les pagaba determinadas sumas de dinero por información sobre operaciones militares y movimientos de las tropas.
Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, aceptó su participación en una red de corrupción al servicio de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’, que entregaba dádivas a algunos integrantes de las fuerzas militares a cambio de información confidencial que permitiera a los cabecillas de la organización criminal evadir la acción de las autoridades.
En ese sentido, un juez penal especializado la condenó a 4 años y 15 días de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial dan cuenta de que la mujer articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el ‘Clan del Golfo’ en las regiones del Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Por estos hechos, recientemente también fueron condenados el cabo primero en retiro del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí, quien por orden de ‘La Tía’ le ofreció a un oficial 100 millones de pesos por datos privilegiados de su unidad militar; Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la hoy sentenciada, encargados de desembolsar cada uno 25 millones de pesos a otro uniformado en Medellín (Antioquia), entre octubre de 2024 y enero de 2025.
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