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Cayeron 7 blanqueadores

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La Fiscalía afectó redes dedicadas al blanqueo de capitales producto del tráfico de estupefacientes

● Se trata de clanes familiares que darían apariencia de legalidad a dineros ilícitos, mediante la constitución de sociedades y la adquisición de inmuebles y vehículos.

● Los siete procesados fueron imputados por delitos como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

La Fiscalía General de la Nación afectó a tres organizaciones ilegales dedicadas al blanqueo de capitales, que estarían vinculados con el tráfico transnacional de estupefacientes de redes criminales en Turbo (Antioquia), que enviaban cargamentos a Holanda y Bélgica en Europa.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció la existencia de los clanes familiares: ‘Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’, cuyos integrantes se encargarían de coordinar las acciones para dar apariencia de legalidad a los dineros. Uniformados del SIU DIRAN fueron los encargados de capturar en el Urabá antioqueño a Edilma Rodríguez Burgos, Carlos Antonio Palacios Rodríguez, Luis Ángel Gutiérrez Grajales, alias El Viejo; Ingrid López Barrios, Yuliana Andrea Rivera Higuita, Simón Viviescas Alzate y Erika Janeth Carrillo de la Vega.

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Estas personas fueron imputadas, según sus eventuales responsabilidades individuales, por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

Actividades de policía judicial como seguimientos a personas, rastreos en bases de datos, entre otras labores, determinaron que dichas conductas habrían sido cometidas 2015 y 2020.

En este período, los procesados presuntamente constituyeron sociedades agrícolas e inmobiliarias; y adquirieron inmuebles y vehículos para burlar la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a las rentas ilícitas.

Estas actividades habrían reportado para las redes criminales incrementos patrimoniales cercanos a los 44.000 millones de pesos.

Por petición de la Fiscalía, el juez con función del control de garantías impuso a los investigados, medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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Exalcalde en líos por millonario contrato

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Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.

Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.

Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.

Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.

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A la cárcel un degenerado

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Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.

En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).

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En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.

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