Judicial
Cayeron 7 blanqueadores
La Fiscalía afectó redes dedicadas al blanqueo de capitales producto del tráfico de estupefacientes
● Se trata de clanes familiares que darían apariencia de legalidad a dineros ilícitos, mediante la constitución de sociedades y la adquisición de inmuebles y vehículos.
● Los siete procesados fueron imputados por delitos como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación afectó a tres organizaciones ilegales dedicadas al blanqueo de capitales, que estarían vinculados con el tráfico transnacional de estupefacientes de redes criminales en Turbo (Antioquia), que enviaban cargamentos a Holanda y Bélgica en Europa.
La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció la existencia de los clanes familiares: ‘Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’, cuyos integrantes se encargarían de coordinar las acciones para dar apariencia de legalidad a los dineros. Uniformados del SIU DIRAN fueron los encargados de capturar en el Urabá antioqueño a Edilma Rodríguez Burgos, Carlos Antonio Palacios Rodríguez, Luis Ángel Gutiérrez Grajales, alias El Viejo; Ingrid López Barrios, Yuliana Andrea Rivera Higuita, Simón Viviescas Alzate y Erika Janeth Carrillo de la Vega.
Estas personas fueron imputadas, según sus eventuales responsabilidades individuales, por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.
Actividades de policía judicial como seguimientos a personas, rastreos en bases de datos, entre otras labores, determinaron que dichas conductas habrían sido cometidas 2015 y 2020.
En este período, los procesados presuntamente constituyeron sociedades agrícolas e inmobiliarias; y adquirieron inmuebles y vehículos para burlar la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a las rentas ilícitas.
Estas actividades habrían reportado para las redes criminales incrementos patrimoniales cercanos a los 44.000 millones de pesos.
Por petición de la Fiscalía, el juez con función del control de garantías impuso a los investigados, medida de aseguramiento en centro carcelario.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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