Judicial
Cayeron traficantes de armas
Judicializados integrantes de red señalada de comercializar armamento y municiones a las disidencias de las FARC en varias zonas del país.
Entre los presuntos integrantes de este grupo delincuencial se encuentra un soldado del Ejército Nacional y un intendente pensionado de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación identificó a 10 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada señalado de apoderarse de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que después era comercializado a estructuras de las disidencias de las Farc en Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como con bandas ilegales urbanas en Bogotá.
Se trata de Alberto Hernando Orozco Salcedo, Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Jhon Alexander Salgado Osorio, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.
La investigación estableció que estas personas pertenecerían a un grupo delincuencial encargado de sustraer armas, municiones y explosivos en batallones ubicados en Bogotá, además del Fuerte Militar de Tolemaida, y de la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca).
Además, que, al parecer, utilizaban salvoconductos vencidos para inducir al error a comercios dedicados a la venta de legal de municiones para armas de uso personal.
La red delincuencial estaría conformada por personal activo y retirado del Ejército Nacional y la Policía Nacional, y civiles con actividades comerciales lícitas que servían de fachada para ocultar las acciones ilegales.
Entre los procesados se encuentran Jhon Alexander Salgado Osorio, un soldado profesional del Ejército Nacional, quien se encargaría de sustraer municiones, granadas y partes de armamento de los batallones para venderlas a través de intermediarios.
Mientras que Orozco Salcedo, intendente pensionado de la policía, sería uno de los cabecillas de la red criminal, y reclutaría a personas con acceso a Indumil para sacar las armas de fuego y municiones que posteriormente, eran vendidas con permisos falsos.
Ureña Díaz, Mosquera Ramírez, Wilches Vargas, Puentes Puentes, Valenzuela Ramírez, Orozco Salcedo y Bastidas Ardila aceptaron los delitos imputados. Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a todos los procesados.
Estas personas fueron capturadas en nueve diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Brigada 13 del Ejército Nacional. En los operativos fueron incautados 20 salvoconductos vencidos, 3.184 municiones de varios calibres, 6 partes de fusil, 67 proveedores de diferentes tipos de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los usados por las Fuerzas Militares y 45.000.000 de pesos en efectivo.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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