Judicial
Cayeron traficantes de armas
Judicializados integrantes de red señalada de comercializar armamento y municiones a las disidencias de las FARC en varias zonas del país.
Entre los presuntos integrantes de este grupo delincuencial se encuentra un soldado del Ejército Nacional y un intendente pensionado de la Policía Nacional.
La Fiscalía General de la Nación identificó a 10 presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada señalado de apoderarse de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que después era comercializado a estructuras de las disidencias de las Farc en Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como con bandas ilegales urbanas en Bogotá.
Se trata de Alberto Hernando Orozco Salcedo, Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Jhon Alexander Salgado Osorio, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones; y utilización ilegal de uniformes e insignias.
La investigación estableció que estas personas pertenecerían a un grupo delincuencial encargado de sustraer armas, municiones y explosivos en batallones ubicados en Bogotá, además del Fuerte Militar de Tolemaida, y de la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca).
Además, que, al parecer, utilizaban salvoconductos vencidos para inducir al error a comercios dedicados a la venta de legal de municiones para armas de uso personal.
La red delincuencial estaría conformada por personal activo y retirado del Ejército Nacional y la Policía Nacional, y civiles con actividades comerciales lícitas que servían de fachada para ocultar las acciones ilegales.
Entre los procesados se encuentran Jhon Alexander Salgado Osorio, un soldado profesional del Ejército Nacional, quien se encargaría de sustraer municiones, granadas y partes de armamento de los batallones para venderlas a través de intermediarios.
Mientras que Orozco Salcedo, intendente pensionado de la policía, sería uno de los cabecillas de la red criminal, y reclutaría a personas con acceso a Indumil para sacar las armas de fuego y municiones que posteriormente, eran vendidas con permisos falsos.
Ureña Díaz, Mosquera Ramírez, Wilches Vargas, Puentes Puentes, Valenzuela Ramírez, Orozco Salcedo y Bastidas Ardila aceptaron los delitos imputados. Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a todos los procesados.
Estas personas fueron capturadas en nueve diligencias de registro y allanamiento adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Brigada 13 del Ejército Nacional. En los operativos fueron incautados 20 salvoconductos vencidos, 3.184 municiones de varios calibres, 6 partes de fusil, 67 proveedores de diferentes tipos de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los usados por las Fuerzas Militares y 45.000.000 de pesos en efectivo.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
Judicial
Un teniente y tres soldados profesionales fueron acusados por el homicidio de un campesino en Bolívar.
El crimen ocurrió el 9 de abril de 2017, durante una operación militar dirigida contra un cabecilla del ELN. Bogotá, D.C., 4 de abril de 2026.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García, como presuntos responsables de causarle la muerte a un campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de Arenal (Bolívar).
Los militares, adscritos en su momento a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, participaban en una operación que buscaba ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido como ‘Cusi’, de quien presuntamente frecuentaba la región.
En uno de los desplazamientos para cumplir la misión encomendada, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban.
Los civiles contrariados por el procedimiento salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida.
Una de las personas murió y la otra fue detenida. Los elementos materiales probatorios indican que las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después.
En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.
Confirmada condena contra hombre que secuestró a dos comerciantes en Medellín
Se trata de Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, integrante de la organización delincuencial ‘Los Pesebres’.
Las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral contra Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, fueron avalados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín que confirmó la condena de 38 años y 4 meses de prisión impuesta a este señalado integrante del grupo delincuencial ‘Los Pesebres’ por el secuestro de dos comerciantes en Medellín.
El 28 de octubre de 2019, las víctimas fueron citadas mediante engaño con el supuesto de realizar la entrega a domicilio de un producto que sería comprado.
Al llegar al lugar acordado, fueron interceptadas, trasladadas en contra de su voluntad a un inmueble y retenidas por más de tres horas.
Durante ese tiempo soportaron amenazas, agresiones físicas y tratos degradantes. En el curso de la investigación orientada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que Quintero Blandón estuvo involucrado directamente en el secuestro y exigencia de dinero y bienes a las víctimas por su liberación.
La condena en su contra como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, además de precisar que debe cumplir la pena en establecimiento carcelario, impone una multa equivalente a 13.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
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