Judicial
Familia delincuente
Presuntos integrantes de red narcotraficante señalada de enviar viajeros a Francia con estupefacientes en su cuerpo fueron judicializados.
El grupo criminal estaría conformado por integrantes de una misma familia, incluida una menor de edad.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a siete presuntos integrantes de una red narcotraficante denominada Eiffel, que estarían involucrados en el envío de personas a París (Francia) con cocaína ingerida dentro de su organismo.
Se trata de Erika Milena Muñoz Betancourt, alias Zarca, presunta cabecilla; María Eugenia Muñoz Betancur, Harold Andrés Rivera Rúa, alias Tatoo; Maryely Rúa Cano, alias Mayerly; José Heli Muñoz, alias Zarco, Dagoberto Ramírez Tenorio, alias Dago y una menor de 16 años de edad.
Varios de los hoy judicializados tienen vínculo familiar entre ellos. La investigación estableció que, en al menos cuatro oportunidades, la red criminal, al parecer, preparó, coordinó y envió correos humanos que ingerían cápsulas cargadas con cocaína para transportarlas desde el Aeropuerto Matecaña, en Pereira (Risaralda), con escala en Bogotá y con destino final al aeropuerto internacional en París (Francia).
Los presuntos responsables se encargaban de preparar y empacar las cápsulas de los estupefacientes en dedos de látex, orientar y supervisar que los correos ingirieran las mismas, proporcionar tiquetes y dinero, además de adecuar la logística para salir del país.
Posteriormente, en París, Erika Milena Muñoz Betancourt, al parecer, se encargaba de recibir a las personas que transportaban la sustancia ilícita, obtener la mercancía y comercializarla.
El material de prueba da cuenta de que las personas que transportaban los estupefacientes recibían pagos cercanos a los 30 millones de pesos y los alucinógenos eran vendidos en Francia en 100 millones de pesos.
Por lo anterior, los procesados fueron imputados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos, las dos últimas conductas agravadas.
Rivera Rúa, Rúa Cano y Muñoz aceptaron los cargos.
Por su parte, la menor de edad fue imputada por los delitos de fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, ambos agravados y guardó silencio.
Los procesados fueron capturados en vía pública y durante cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Pereira, Dosquebradas (Risaralda) y Cali (Valle del Cauca) por servidores de Policía Nacional.
En las actividades judiciales les encontraron cerca de 600 gramos de cocaína empacados en la forma en la que era enviada al exterior.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Erika Milena Muñoz Betancourt.
Por su parte, a María Eugenia Muñoz Betancur, Maryely Rúa Cano y José Heli Muñoz, en lugar de domicilio.
A su vez, la menor de edad fue cobijada con medida de internamiento preventivo en centro especializado.
A Harold Andrés Rivera Rúa le fue impuesta medida no privativa de la libertad.
Dagoberto Ramírez Tenorio no fue afectado con medidas por cuanto tiene activa una sentencia condenatoria en su contra por haber sido descubierto y capturado en posesión de las mencionadas cápsulas de estupefacientes en diciembre de 2024 en el aeropuerto internacional El Dorado.
Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’
Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.
De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.
El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.
Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).
Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.
Un juez penal condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, conocido como alias “Julito”, por su participación en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en el barrio Las Flores, en Barranquilla.
La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que señaló al condenado como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.
De acuerdo con la investigación, alias “Julito” habría realizado labores de seguimiento y vigilancia para identificar a las víctimas y establecer la ruta de escape que usarían los atacantes antes de la incursión armada ocurrida el 12 de septiembre de 2022 en un establecimiento comercial del sector.
Las autoridades indicaron que, una vez recopilada la información, el hoy condenado llegó al lugar junto con hombres armados y participó en el ataque indiscriminado contra varias personas que se encontraban departiendo en el sitio.
La Fiscalía también estableció que la acción violenta habría sido ordenada por cabecillas de “Los Costeños” en medio de disputas criminales por el control de actividades ilícitas en distintos sectores de la ciudad.
Por estos hechos, Julio César de la Hoz Román fue hallado responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.
La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la defensa.
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