Judicial
Delincuentes del internet en casa por cárcel
Judicializados presuntos integrantes de red delictiva señalada de suplantar entidades públicas para enviar correos electrónicos con software maliciosos
Son señalados de generar hasta 10.000 correos y mensajes de texto diarios con virus, haciéndose pasar como la DIAN y secretarías de tránsito municipal, entre otras autoridades.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, identifico a tres presuntos integrantes de una red señalada de suplantar entidades públicas para enviar de manera masiva correos electrónicos con software maliciosos, que copiaban información personal y financiera que las víctimas almacenaban en sus computadores o celulares.
Los señalados ciberdelincuentes fueron capturados en Medellín (Antioquia) y Valledupar (Cesar). En los procedimientos fueron incautados 40 dispositivos electrónicos, 4 memorias USB, 2 discos duros, 6 simcards y 6 routers.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, uso de software malicioso, suplantación de página web, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medio de un sistema informático.
Esta organización ilegal, al parecer, remitía correos electrónicos a nombre de dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de diferentes secretarías municipales de tránsito y de movilidad, entre otras autoridades.
Los mensajes contenían un RAT o troyano, un virus capaz de controlar los computadores y equipos, y que permitía tener acceso remoto a los archivos e información personal de los usuarios que abrían las comunicaciones recibidas creyendo que eran auténticas.
Con los datos obtenidos de manera ilegal se habrían realizado hurtos y otros hechos fraudulentos. Los elementos de prueba indican que también estaría implicada en un intento de ataque cibernético a la página del CAI virtual de la Policía Nacional.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia.
Los afectados con la decisión son: Jair Enrique Velásquez Bohórquez, Juan Carlos Fernández Navarro, y Hernán Alonso Trejos.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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