Judicial
Privada de la libertad exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova
La señalan de trasladar coimas relacionadas con las irregularidades de contratación en LA UNGRD.
Sandra Liliana Ortiz Nova es señalada de recibir 3.000 millones de pesos de los involucrados en los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.
Luego de valorar los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida aseguramiento de detención preventiva a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.
Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.
Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
-
Judicial2 semanas agoExalcalde en líos por millonario contrato
-
Opinión2 semanas agoCasanare: entre las viejas posturas políticas y el despertar de una nueva generación
-
Judicial2 semanas agoUrólogo bajo investigación por denuncias de pacientes
-
Judicial7 días agoSon unos monstruos
-
Judicial1 semana agoA la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó