Judicial
Condenados por maltratar animales
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) obtuvieron sentencias condenatorias contra dos personas que, en hechos distintos, causaron graves afectaciones a animales en Cajicá (Cundinamarca) y Armenia (Antioquia).
Envenenamiento en Cajicá Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que un juez condenara a 9 meses de prisión, por aceptación de cargos, a Eriberto Moreno Muñoz, encontrado responsable del delito de maltrato animal agravado.
De acuerdo con la investigación, el pasado 14 de febrero, en Cajicá (Cundinamarca), el hoy procesado salió de su vivienda con una bolsa llena huesos de pollo impregnados con una sustancia tóxica que esparció en un andén del municipio.
En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que el procesado llegó al lugar en bicicleta para lanzar los restos de comida que fueron olfateados y consumidos por varios animales. Un canino que consumió estos desechos falleció intoxicado.
A Moreno Muñoz, también le fue impuesta una inhabilidad para la tenencia de animales por un año, y deberá pagar una multa de 3.75 salarios mensuales legales vigentes.
Canina quemada con agua hirviendo Luz Marina Arango Piedrahita, aceptó mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal y fue condenada por causar graves afectaciones físicas a una canina llamada Dulce.
Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2023 en una finca del corregimiento de la Herradura en Armenia (Antioquia).
La Fiscalía determinó que la mujer sumergió la cabeza del animal en agua hirviendo, causándole quemaduras de segundo y tercer grado.
La canina fue rescatada por las autoridades del municipio para su atención médica.
Los especialistas encontraron que el animal presentaba signos de desnutrición y problemas en sus ojos los cuales no fueron atendidos debidamente.
Por estos hechos, la mujer fue sentenciada a 6 meses de prisión y una multa de 2.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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