Judicial
Venezolana implicada en trata de personas
La mujer habría intentado manipular el testimonio de una menor víctima para impedir que cooperara con las autoridades y evitar el procesamiento de los otros integrantes de la banda.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de uniformados de la Octava Brigada del Ejército Nacional, capturaron el pasado 15 de agosto en Armenia a la ciudadana venezolana Daniela Cámara Perico, quien es requerida en extradición por el Tribunal Superior del condado de Mercer, Nueva Jersey de Estados Unidos.
La mujer deberá comparecer por los delitos de Crimen Organizado y trata de personas, promover la prostitución, poner en peligro el bienestar de un niño y facilitar económicamente una actividad delictiva.
Según el requerimiento internacional desde diciembre de 2021 y, al menos, hasta mayo de 2022 Cámara Perico habría hecho parte de una organización ilegal dedicada a la trata de personas.
Entre las víctimas habrían estado tres mujeres, una de ellas de 17 años, quienes fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a múltiples agresiones sexuales.
La acción coordinada por autoridades de ambos países evidenció que la persona requerida con circular roja se encargaría de contactar, mediante perfiles falsos en redes sociales, a las posibles víctimas.
Además, habría fingido ser víctima para acercarse a una menor que estaba colaborando con la investigación, y así entorpecer la acción judicial. Labores de policía judicial evidenciaron que la red ilegal usaba tres inmuebles ubicados en Trenton, el condado de Mercer y Nueva Jersey (Estados Unidos) para allí someter a las víctimas a vejámenes sexuales.
También se evidenció que la organización criminal contactaba hombres adultos a quienes, tras realizar pagos por servicios sexuales, les entregaban fichas de póker con las que se identificaban en los distintos lugares a los que llegaban para abusar sexualmente de las mujeres que allí se encontraban.
Esta operación fue realizada en trabajo articulado con el Grupo Transnacional de Trabajo de Investigación de Fugitivos (FIU-CTI) de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y hace parte del acuerdo de cooperación y ubicación de fugitivos internacionales suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
La Fiscalía General de la Nación, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores informará a la Embajada de los Estados Unidos para los fines de la formalización del pedido de extradición.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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