Judicial
Venezolana implicada en trata de personas
La mujer habría intentado manipular el testimonio de una menor víctima para impedir que cooperara con las autoridades y evitar el procesamiento de los otros integrantes de la banda.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de uniformados de la Octava Brigada del Ejército Nacional, capturaron el pasado 15 de agosto en Armenia a la ciudadana venezolana Daniela Cámara Perico, quien es requerida en extradición por el Tribunal Superior del condado de Mercer, Nueva Jersey de Estados Unidos.
La mujer deberá comparecer por los delitos de Crimen Organizado y trata de personas, promover la prostitución, poner en peligro el bienestar de un niño y facilitar económicamente una actividad delictiva.
Según el requerimiento internacional desde diciembre de 2021 y, al menos, hasta mayo de 2022 Cámara Perico habría hecho parte de una organización ilegal dedicada a la trata de personas.
Entre las víctimas habrían estado tres mujeres, una de ellas de 17 años, quienes fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a múltiples agresiones sexuales.
La acción coordinada por autoridades de ambos países evidenció que la persona requerida con circular roja se encargaría de contactar, mediante perfiles falsos en redes sociales, a las posibles víctimas.
Además, habría fingido ser víctima para acercarse a una menor que estaba colaborando con la investigación, y así entorpecer la acción judicial. Labores de policía judicial evidenciaron que la red ilegal usaba tres inmuebles ubicados en Trenton, el condado de Mercer y Nueva Jersey (Estados Unidos) para allí someter a las víctimas a vejámenes sexuales.
También se evidenció que la organización criminal contactaba hombres adultos a quienes, tras realizar pagos por servicios sexuales, les entregaban fichas de póker con las que se identificaban en los distintos lugares a los que llegaban para abusar sexualmente de las mujeres que allí se encontraban.
Esta operación fue realizada en trabajo articulado con el Grupo Transnacional de Trabajo de Investigación de Fugitivos (FIU-CTI) de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y hace parte del acuerdo de cooperación y ubicación de fugitivos internacionales suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
La Fiscalía General de la Nación, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores informará a la Embajada de los Estados Unidos para los fines de la formalización del pedido de extradición.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
Judicial
Un teniente y tres soldados profesionales fueron acusados por el homicidio de un campesino en Bolívar.
El crimen ocurrió el 9 de abril de 2017, durante una operación militar dirigida contra un cabecilla del ELN. Bogotá, D.C., 4 de abril de 2026.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García, como presuntos responsables de causarle la muerte a un campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de Arenal (Bolívar).
Los militares, adscritos en su momento a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, participaban en una operación que buscaba ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido como ‘Cusi’, de quien presuntamente frecuentaba la región.
En uno de los desplazamientos para cumplir la misión encomendada, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban.
Los civiles contrariados por el procedimiento salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida.
Una de las personas murió y la otra fue detenida. Los elementos materiales probatorios indican que las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después.
En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.
Confirmada condena contra hombre que secuestró a dos comerciantes en Medellín
Se trata de Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, integrante de la organización delincuencial ‘Los Pesebres’.
Las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral contra Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, fueron avalados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín que confirmó la condena de 38 años y 4 meses de prisión impuesta a este señalado integrante del grupo delincuencial ‘Los Pesebres’ por el secuestro de dos comerciantes en Medellín.
El 28 de octubre de 2019, las víctimas fueron citadas mediante engaño con el supuesto de realizar la entrega a domicilio de un producto que sería comprado.
Al llegar al lugar acordado, fueron interceptadas, trasladadas en contra de su voluntad a un inmueble y retenidas por más de tres horas.
Durante ese tiempo soportaron amenazas, agresiones físicas y tratos degradantes. En el curso de la investigación orientada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que Quintero Blandón estuvo involucrado directamente en el secuestro y exigencia de dinero y bienes a las víctimas por su liberación.
La condena en su contra como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, además de precisar que debe cumplir la pena en establecimiento carcelario, impone una multa equivalente a 13.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
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