Judicial
Siguen cayendo disidentes de las Farc
Condenados cabecilla e integrante de la estructura Ismael Ruíz de las disidencias de las Farc por crimen de siete policías y otros actos delictivos en Huila.
Participaron en la planeación y ejecución del ataque con explosivos al paso de la patrulla en la que se movilizaban las víctimas en el corregimiento de San Luis, en Neiva (Huila).
Mediante preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación, José Eliecer Ramírez Castaño, alias Mauricio; y Claudia Daniela Jaramillo Obando, alias Juliana, cabecilla e integrante, respectivamente, de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, aceptaron su responsabilidad en el ataque con armas de fuego y explosivos que ocasionó la muerte a siete policías y dejó a otro gravemente herido en el corregimiento San Luis, en Neiva (Huila), el 2 de septiembre de 2022.
A Ramírez Castaño, además de esta acción criminal, se le atribuyen otras actividades delictivas como homicidios selectivos, los cuales dejaron siete víctimas más en diferentes municipios de Huila y Tolima.
Por todo lo anterior, y en virtud del preacuerdo celebrado, un juez penal de conocimiento lo condenó a 25 años y 10 meses de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas; además de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Entre tanto, como parte de la investigación orientada por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial, se conoció que alias Juliana fue la encargada de comprar las baterías utilizadas para activar los artefactos explosivos al paso de la patrulla policial en el corregimiento San Luis.
En ese sentido, fue condenada a 23 años y 7 meses de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.
Por estos hechos, en enero de 2025, también fue condenado Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, cabecilla financiero de la estructura Ismael Ruiz.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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