Judicial
Por crímenes de líderes sociales en Antioquia fueron asegurados presuntos integrantes del Clan del Golfo
Las víctimas habrían sido atacadas con armas de fuego en El Bagre y Sonsón por integrantes de dos subestructuras del grupo ilegal con injerencia en este departamento.
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar a señalados integrantes del Clan del Golfo, como los presuntos responsables del crimen de dos líderes sociales en El Bagre y Sonsón (Antioquia), ocurridos entre julio y octubre de 2024.
Crimen de líder campesino en Sonsón Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) presentó ante un juez de control de garantías a José Alberto Galeano por su presunta participación en el crimen del líder campesino Rubén Antonio Jaramillo Cadavid, ocurrido el 20 de julio de 2024 en Sonsón (Antioquia).
La víctima fue abordada por tres hombres, entre los que se encontraba José Alberto Galeano, que le habrían disparado en repetidas ocasiones causándole la muerte, cuando adelantaba labores de campo en el corregimiento Río Verde.
El procesado que haría parte de la subestructura Gener Morales de este grupo armado ilegal fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En audiencias concentradas el procesado no aceptó cargos y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Cárcel para alias Sebastián Eider Emiro Rivera Morales, alias Sebastián, presunto cabecilla urbano de la subestructura Uldar Cardona Rueda, de Clan del Golfo en el bajo Cauca Antioqueño, fue judicializado por su posible responsabilidad en el asesinato del líder social, Juan Diego Cubides perpetrado el 16 de octubre de 2024, en El Bagre.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que alias Sebastián habría ordenado el crimen del líder.
Asimismo, que coordinó a los sicarios que ejecutaron el ataque sicarial y a la persona que adelantó las labores de vigilancia para alertar sobre la presencia de las autoridades.
El día de los hechos, la víctima en condición de discapacidad se desplazaba en su silla de ruedas hacia su vivienda cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon causándole la muerte.
Por estos hechos, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. ‘Sebastián’ no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
Judicial
Un teniente y tres soldados profesionales fueron acusados por el homicidio de un campesino en Bolívar.
El crimen ocurrió el 9 de abril de 2017, durante una operación militar dirigida contra un cabecilla del ELN. Bogotá, D.C., 4 de abril de 2026.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García, como presuntos responsables de causarle la muerte a un campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural de Arenal (Bolívar).
Los militares, adscritos en su momento a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, participaban en una operación que buscaba ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido como ‘Cusi’, de quien presuntamente frecuentaba la región.
En uno de los desplazamientos para cumplir la misión encomendada, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban.
Los civiles contrariados por el procedimiento salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida.
Una de las personas murió y la otra fue detenida. Los elementos materiales probatorios indican que las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después.
En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.
Confirmada condena contra hombre que secuestró a dos comerciantes en Medellín
Se trata de Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, integrante de la organización delincuencial ‘Los Pesebres’.
Las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral contra Juan David Quintero Blandón, alias La Foca, fueron avalados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín que confirmó la condena de 38 años y 4 meses de prisión impuesta a este señalado integrante del grupo delincuencial ‘Los Pesebres’ por el secuestro de dos comerciantes en Medellín.
El 28 de octubre de 2019, las víctimas fueron citadas mediante engaño con el supuesto de realizar la entrega a domicilio de un producto que sería comprado.
Al llegar al lugar acordado, fueron interceptadas, trasladadas en contra de su voluntad a un inmueble y retenidas por más de tres horas.
Durante ese tiempo soportaron amenazas, agresiones físicas y tratos degradantes. En el curso de la investigación orientada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales se conoció que Quintero Blandón estuvo involucrado directamente en el secuestro y exigencia de dinero y bienes a las víctimas por su liberación.
La condena en su contra como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, además de precisar que debe cumplir la pena en establecimiento carcelario, impone una multa equivalente a 13.332 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
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