Gobierno Nacional
Política integral del hábitat en Colombia
Bogotá, D.C., 16 de septiembre de 2024 (MVCT).
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio avanza en la apuesta del Gobierno del Cambio de consolidar la política integral del hábitat en el país, articulando esfuerzos desde el nivel nacional con las entidades territoriales, los financiadores, los constructores, los proveedores de insumos, las Organizaciones Populares de Vivienda y las comunidades, y promoviendo el programa de mejoramiento de vivienda.
La ministra Helga María Rivas Ardila explicó que, en línea con el presidente Gustavo Petro, ella quiere generar conciencia de que el hábitat y el medio ambiente están de la mano, promoviendo cambios en la manera de relacionarse con el territorio y con el uso de recursos vitales como el agua.
“Estamos fortaleciendo con las comunidades sus capacidades para entender el territorio, y mejorar la manera como estamos habitando el planeta. En la crisis climática en la que estamos es vital cambiar costumbres, no podemos depender de las energías fósiles, debemos transitar hacia las energías renovables no convencionales como la solar o fotovoltaica”, aseguró Rivas Ardila.
Por su parte, la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, destacó el compromiso del Gobierno del Cambio de apoyar la reactivación económica, a partir de esfuerzos conjuntos con el sector financiero y los constructores, como el Pacto por el Crédito, para impulsar no solo la compra, sino también el mejoramiento de vivienda.
“En el acuerdo del Pacto por el Crédito también se quiere impulsar el mejoramiento de vivienda y lograr concurrencia de recursos, tanto de crédito como de los subsidios, para poder superar el déficit cualitativo de las viviendas, apuntando al concepto de hábitat integral”, dijo Marsiglia Bello, quien agregó que con la reactivación de la economía se impulsan otros actores de la cadena, como los proveedores de materiales empleados en los proyectos para las familias que aspiren a mejorar su vivienda.
De otro lado, destacó el fllujo de recursos en el sector generado por el Ministerio, con la asignación de subsidios: “hemos cumplido con la asignación de subsidios familiares de vivienda a la cuota inicial y a la tasa de interés del crédito hipotecario. Vamos a alcanzar la meta de 2024 de 50 mil subsidios y estamos trabajando para que en 2025 podamos avanzar”, explicó.
En ese sentido, en lo corrido de 2024, a la fecha, 39.789 hogares colombianos han sido beneficiados con estos subsidios, que suman un total de 1.3 billones de pesos.
En los últimos 48 meses, el Gobierno ha pagado subsidios por más de tres billones de pesos, equivalentes al 42 por ciento del total de recursos girados en subsidios en los últimos 10 años.
En materia de acceso al agua potable, el Ministerio ha implementado reformas institucionales que han permitido avanzar en el desarrollo de proyectos de agua con enfoque diferencial acorde con las capacidades y necesidades de los territorios, buscando mejorar las condiciones de vida y promover la salud de la población, y cerrar las brechas identificadas en agua y saneamiento básico.
Es así como el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico lidera iniciativas como Misión Agua Potable, Agua para La Guajira, la Ruta ComuniAgua, proyectos diferenciales y comunitarios y Basura Cero, entre otros.
El viceministro Edward Libreros Mamby explicó que la apuesta del Gobierno del Cambio es articular todos los esfuerzos locales, departamentales y nacionales en torno al agua.
Para llevar adelante estas iniciativas, el viceministerio brinda asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales y a las organizaciones comunitarias en temas como la estructuración de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo; el fortalecimiento institucional y social; y en proyectos diferenciales y comunitarios.
Dos de las apuestas novedosas, efectivas e incluyentes han sido la Ruta ComuniAgua y Basura Cero, incluídas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 2026 ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’. Con la Ruta se busca que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico promueva y fortalezca las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico.
Entre tanto, Basura Cero representa una de las principales estrategias para avanzar hacia un modelo circular de la gestión de residuos sólidos. “
Con ComuniAgua damos apoyo técnico y financiero a las organizaciones comunitarias con un enfoque de garantía de derechos y fortalecimiento de capacidades. Esto nos ha permitido identificar a los gestores comunitarios del agua, en su mayoría asentados en zonas rurales del país; hemos fortalecido sus capacidades en aspectos como gestión de riesgos, calidad del agua y formulación de proyectos; e implementamos el subsidio comunitario a las organizaciones más vulnerables”, explicó el viceministro.
Finalmente, el programa Basura Cero busca propiciar transformaciones normativas, culturales, administrativas y tecnológicas necesarias para asegurar la gestión integral de residuos sólidos, que incluya a toda la sociedad.
“Hemos acompañado a entes territoriales y organizaciones sociales en la estructuración y formulación de proyectos y planes de saneamiento con una inversión de más de 100 mil millones de pesos, de los cuales ya firmamos convenios por más de 30 mil millones de pesos y esperamos firmar convenios por alrededor de 70 mil en los próximos meses”, agregó Libreros Mamby.
En el marco del programa se ha avanzado en 13 proyectos en 14 municipios de 10 departamentos por un valor total de $118.700 millones. Entre los municipios beneficiados con proyectos viabilizados se destacan Mitú, Vaupés; Pamplona, Norte de Santander; Puerto Carreño, Vichada; Sogamoso, Boyacá; Mahates, Bolívar; Inírida, Guainía, por un valor total de $24.620 millones.
Gobierno Nacional
Superintendencia Nacional de Salud activa Plan de Choque para garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la entrega oportuna y efectiva de medicamentos.
Bogotá, 1 de diciembre de 2025.
Ante el incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, la Superintendencia Nacional de Salud activó un Plan de Choque Nacional que busca proteger de manera inmediata el derecho fundamental a la salud de los colombianos y garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos del sistema.
Este Plan, con una duración inicial de nueve (9) meses y alcance nacional progresivo, articula de manera obligatoria a las EPS (intervenidas y no intervenidas), IPS, gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y demás actores del aseguramiento y prestación, bajo el liderazgo técnico y sancionatorio de la Superintendencia.
Objetivos centrales del Plan de Choque:
- Identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos.
- Garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas, como expresión concreta del derecho fundamental a la salud.
- Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos, evitando su desviación o uso inadecuado que afecte la prestación del servicio.
- Reducir drásticamente los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las PQR relacionadas con medicamentos.
Acciones inmediatas en territorio:
- Visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
- Requerimientos formales con plazos perentorios y seguimiento diario.
- Mesas técnicas obligatorias de concertación y solución de controversias.
- Revisión exhaustiva del flujo de recursos entre actores para identificar glosas injustificadas, retardos en pagos o cualquier práctica que comprometa la liquidez necesaria para la adquisición y dispensación oportuna de medicamentos.
- Activación prioritaria de mecanismos de conciliación jurisdiccional para la recuperación ágil de cartera, evitando que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario.
Fase de seguimiento y medidas de control:
La Superintendencia mantendrá un monitoreo continuo y en tiempo real de los indicadores de desempeño, con aplicación inmediata de medidas cautelares, sanciones, órdenes administrativas y, de ser necesario, extensión o prórroga de intervenciones cuando se evidencie riesgo sistémico para el derecho a la salud o manejo irregular de recursos.
Cierre y evaluación:
El Plan culminará con una evaluación integral de resultados, verificación independiente del impacto en los usuarios y cierre definitivo de las PQR priorizadas, dejando consolidadas las mejoras estructurales alcanzadas y las responsabilidades individuales e institucionales en caso de incumplimiento.
Con esta estrategia extraordinaria de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud reafirma su función constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la destinación exclusiva y transparente de los recursos del sistema y asegurar que ningún colombiano vea vulnerado su acceso oportuno a los medicamentos que requiere para preservar su vida y su dignidad.
El derecho a la salud no admite demoras. Los recursos del sistema son sagrados y su uso será vigilado con rigor.
• La entrega de papa como parte de Asistencia Humanitaria de Emergencia beneficia a más de 59.000 familias damnificadas.
• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores para evitar la pérdida de sus cosechas.
• Con la estrategia “Buena Papa”, la UNGRD lleva alimentos del campo colombiano a los hogares más afectados por las emergencias, uniendo la solidaridad del Estado con el trabajo y esfuerzo del campesino colombiano.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en la entrega de 740 toneladas de papa a comunidades afectadas por la temporada de lluvias, en el marco de la estrategia “Buena Papa”, una iniciativa que refuerza la Asistencia Humanitaria de Emergencia con productos del campo colombiano.
Las entregas se realizan en 12 departamentos y benefician a 59.120 familias registradas en el Registro Único de Damnificados (RUD), quienes reciben una arroba (12,5 kilogramos) de papa como parte de las ayudas alimentarias distribuidas por la entidad.
Esta iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores con el propósito de evitar la pérdida de cosechas, estabilizar precios y fortalecer los ingresos rurales.
“En la UNGRD atendemos a los damnificados con el corazón del campo colombiano. La asistencia humanitaria de emergencia ahora se refuerza con la entrega de papa.
Esta estrategia demuestra que es posible unir la producción agrícola con la gestión del riesgo, generando bienestar tanto para el campesino como para las familias damnificadas del país”, señaló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Las entregas avanzan en los departamentos de Nariño, Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila, donde los equipos técnicos y operativos de la UNGRD coordinan la distribución en conjunto con las autoridades locales, encargadas de realizar la entrega directa a las familias beneficiarias.
Con la estrategia “Buena Papa”, el Gobierno nacional fortalece la atención integral a las emergencias y promueve la reactivación del campo colombiano, demostrando que cada acción humanitaria puede convertirse también en una oportunidad para impulsar la reactivación productiva de los pequeños agricultores colombianos.
- Más del 84% de las personas que dejaron las armas en 2016 han ratificado ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización su compromiso con la construcción de paz.
- En los planes de reincorporación individual, el 77% de las y los firmantes priorizaron el acceso o mejoramiento de vivienda y el 76% se inclinó por participar en campañas de divulgación sobre el acompañamiento psicosocial.
A un año de que el Gobierno Nacional creara el Programa de Reincorporación Integral (PRI), 11.130 firmantes de paz, de un total de 13.216 personas, se encuentran vinculados activamente a este programa. Esto demuestra que un gran porcentaje de quienes dejaron las armas hace casi 9 años continúa apostándole a la paz y a la no repetición.
De la cifra de 11.130 firmantes, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha logrado la formulación de 10.724 Planes de Reincorporación Individual, que son la hoja de ruta definida por cada firmante en su proceso de reincorporación social, económica, política y comunitaria.
El PRI fue creado en julio de 2024, con el decreto 0846, con el objetivo de generar y fortalecer capacidades de personas y colectivos en proceso de reincorporación, sus grupos familiares y comunidades. Contempla 211 acciones, diseñadas para atender las necesidades y aspiraciones de los y las firmantes, garantizando los enfoques diferenciales y territorial.
Por eso, el PRI se adapta a las particularidades de los firmantes, y actualmente incluye a 828 jóvenes (18 a 28 años), 971 personas mayores de 60 años y a 1.901 personas con discapacidad, quienes representan el 17% de los ingresados al Programa, en respuesta al enfoque inclusivo y diferencial en la construcción de la paz.
Presencia territorial y proyectos de vida priorizados
La reincorporación integral es un proceso que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio colombiano. Los 11.123 firmantes activos en el PRI se ubican estratégicamente en 33 departamentos, con mayor concentración en Meta (1.456), Antioquia (1.262), Cauca (1.029), Caquetá (690) y Tolima (672). Bogotá D.C. también registra una alta presencia con 666 firmantes. Esto evidencia la amplitud geográfica del proceso.
En los Planes de Reincorporación Individual, en los que los firmantes seleccionan qué acciones priorizan, se destacan:
• Reincorporación Social: el 77% de los firmantes priorizan el acceso o mejoramiento de vivienda, y el 76% se inclina por la realización de campañas de divulgación del proceso de acompañamiento psicosocial, lo que demuestra un fuerte interés en el bienestar personal y comunitario.
• Reincorporación Económica: la asignación mensual es la acción más seleccionada por el 85% de los firmantes, seguida por la implementación de un programa de acceso a tierras (72%), lo que subraya la búsqueda de estabilidad financiera y productiva.
• Reincorporación Comunitaria: el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de acciones de reconciliación y la construcción de paz territorial (58%) lidera esta área, complementado por acciones de pedagogía de paz sobre el Acuerdo de Paz (49%). Esto muestra compromiso con la reconstrucción del tejido social.
• Reincorporación Política: la sensibilización sobre el alcance y funcionamiento de las veedurías ciudadanas (44%) y la formación para el liderazgo político (34%) al ser las acciones más elegidas reflejan el interés en la participación democrática y la construcción cívica.
Estos avances cuantitativos y cualitativos subrayan la solidez del Programa de Reincorporación Integral de la ARN como un pilar fundamental para la consolidación de la paz en Colombia, y demuestra la voluntad y el esfuerzo de miles de firmantes por construir un futuro sostenible y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
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