Judicial
Incautan bienes de empresa petrolera francesa por apoyar al paramilitarismo en Casanare
La Fiscalía obtuvo medidas cautelares sobre bienes de petrolera internacional de origen francés para reparación de víctimas del paramilitarismo
Esta es la primera medida cautelar en contra de los bienes de una empresa de origen internacional, señalada de financiar organizaciones paramilitares en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo ante un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional.
Estos bienes fueron entregados por parte de la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Víctimas, para su administración con el fin de que sean utilizados para la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare.
Las oficinas se encuentran ubicadas en un edificio del centro financiero en Bogotá, y tienen un valor comercial estimado de $41.318.400.000 de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares.
Para lograr su identificación, la Fiscalía obtuvo información relevante de la estructura y control corporativo de la empresa extranjera, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la cual Colombia hace parte.
Igualmente, fueron aplicadas técnicas de análisis criminal y recolección de elementos probatorios que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la financiación ilegal.
Asimismo, se recaudó información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de esta empresa.
Con este material probatorio se solicitaron las medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que fueron otorgadas por el Tribunal Superior de Bogotá.
Postulados a Justicia y Paz como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, mencionaron en sus versiones libres que el grupo empresarial habría financiado su actuar ilegal en Casanare, mediante la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de crudo y que le permitió a la empresa incrementar su patrimonio en el periodo del posible vínculo ilegal con los paramilitares, entre 1997 y 2005.
Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contaron con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la -DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres que estarían involucrados en actividades de tráfico local de estupefacientes en el municipio de Orocué, Casanare.
Los procesados fueron identificados como Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón, Nilson Fabián Morales Rivas, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, durante cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en diferentes sectores de Orocué, los cinco hombres fueron capturados en flagrancia.
En los procedimientos fueron incautados clorhidrato de cocaína, papeletas de bazuco, un arma de fuego hechiza, 115 cartuchos de diferentes calibres, ocho celulares, dos computadores portátiles, ocho frascos de pólvora y cuatro motocicletas que, al parecer, serían utilizadas para realizar domicilios de estupefacientes.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Casanare les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad contra Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón y Nilson Fabián Morales Rivas. Por su parte, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado continúan vinculados al proceso.
La Fiscalía recordó que la vinculación a un proceso penal y la imputación de cargos no constituyen una condena y que la responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.
La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de presuntamente agredir a su empleadora al interior de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, después de que el hombre habría solicitado el pago anticipado de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la habría agredido, provocando que cayera al suelo, y posteriormente la habría llevado hacia una zona menos visible del establecimiento, donde habría continuado la agresión y realizado amenazas.
Los llamados de auxilio alertaron a personas que se encontraban en los alrededores, quienes acudieron para ayudar a la mujer. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó una orden de captura, que fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá.
Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Judicial
Caen ‘Los Costas’, presunta red señalada de seguir a personas que retiraban dinero de los bancos
La Fiscalía General de la Nación informó la captura de tres personas que serían integrantes de la estructura denominada ‘Los Costas’, investigada por su presunta participación en una serie de hurtos a usuarios del sistema financiero.
Según la investigación, la organización habría seleccionado personas que retiraban dinero en entidades bancarias para posteriormente seguirlas en motocicletas o vehículos y, en lugares previamente identificados, interceptarlas y despojarlas del efectivo.
La Fiscalía relacionó 14 hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 en municipios de Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca. De acuerdo con el expediente, el dinero presuntamente hurtado supera los 400 millones de pesos.
Los capturados fueron identificados como Lauren Marcela Balza Coneo, Rhonal Valdés Corpas y Douglas Antonio Orozco Álvarez. Las autoridades señalan que Balza Coneo presuntamente se encargaba de identificar a posibles víctimas dentro de las entidades financieras, mientras que Valdés Corpas y Orozco Álvarez estarían vinculados al seguimiento de las personas seleccionadas.
Las capturas se realizaron en Medellín, Barranquilla y Cartagena, en un procedimiento adelantado por el CTI, con apoyo de la Policía Nacional.
Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
Valdés Corpas y Orozco Álvarez fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Balza Coneo deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia.
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