Judicial
Incautan bienes de empresa petrolera francesa por apoyar al paramilitarismo en Casanare
La Fiscalía obtuvo medidas cautelares sobre bienes de petrolera internacional de origen francés para reparación de víctimas del paramilitarismo
Esta es la primera medida cautelar en contra de los bienes de una empresa de origen internacional, señalada de financiar organizaciones paramilitares en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo ante un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional.
Estos bienes fueron entregados por parte de la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Víctimas, para su administración con el fin de que sean utilizados para la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare.
Las oficinas se encuentran ubicadas en un edificio del centro financiero en Bogotá, y tienen un valor comercial estimado de $41.318.400.000 de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares.
Para lograr su identificación, la Fiscalía obtuvo información relevante de la estructura y control corporativo de la empresa extranjera, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la cual Colombia hace parte.
Igualmente, fueron aplicadas técnicas de análisis criminal y recolección de elementos probatorios que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la financiación ilegal.
Asimismo, se recaudó información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de esta empresa.
Con este material probatorio se solicitaron las medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que fueron otorgadas por el Tribunal Superior de Bogotá.
Postulados a Justicia y Paz como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, mencionaron en sus versiones libres que el grupo empresarial habría financiado su actuar ilegal en Casanare, mediante la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de crudo y que le permitió a la empresa incrementar su patrimonio en el periodo del posible vínculo ilegal con los paramilitares, entre 1997 y 2005.
Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contaron con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la -DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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