Judicial
Caen 4 infiltrados de las FARC
Golpe a red de apoyo de las disidencias de las FARC que se encargaría de captar información confidencial sobre operativos de las fuerzas militares en Meta y Boyacá.
Fueron judicializados cuatro presuntos integrantes, entre los que se encuentra un teniente del Ejército Nacional, quien habría entregado información reservada sobre operaciones en contra de cabecillas de una subestructura.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar ilícito de una red al servicio de las disidencias de las Farc, de la que harían parte integrantes del Ejército Nacional, que estarían entregando información reservada sobre operativos de las Fuerzas Militares.
En una acción judicial liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en Sogamoso (Boyacá) y Villavicencio (Meta), que permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de la red de apoyo.
Se trata de Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y Juan Sebastián Tangua Corzo, teniente activo del Ejército Nacional.
A estas personas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
De acuerdo con la investigación adelantada, el teniente Tangua Corzo habría entregado información reservada y confidencial a los cabecillas de la subestructura 28 (también conocido como ‘José María Córdoba’) a través de canales digitales, a cambio de beneficios económicos.
El oficial sería un colaborador directo de uno de los cabecillas de dicha estructura criminal, e incluso habría facilitado la entrega de material bélico y apoyado la recuperación de armas en operaciones militares.
Por su parte, Ricaurte Nossa se habría encargado de administrar los recursos obtenidos por la estructura a través de extorsiones y con los que se hacían los pagos por la información confidencial de las operaciones militares.
Otoniel Forero Mosquera, sería el responsable de la logística financiera y militar en Villavicencio, recibiendo disidentes provenientes del Cauca para fortalecer las acciones armadas en Arauca y los pagos a los informantes.
El cuarto capturado fue Jhon Alexander Ortiz Sánchez, alias Ingeniero, presunto responsable de la inteligencia delictiva en Arauca, facilitando el traslado seguro de combatientes entre departamentos, así como la comercialización de armas, municiones y explosivos. Acciones delictivas que, al parecer, adelantaba desde Villavicencio.
En los procedimientos judiciales fueron incautados 11.975.000 pesos en efectivo, 14 celulares, un arma de fuego, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores, 95 cartuchos calibre 38, 730 gramos de base de coca, cuatro panelas de 3.985 gramos de clorhidrato de cocaína, así como dos libretas con manuscritos, una memoria USB, dos escrituras públicas, nueve vouchers de consignaciones y un computador portátil.
Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’
Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.
De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.
El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.
Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).
Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.
Un juez penal condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, conocido como alias “Julito”, por su participación en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en el barrio Las Flores, en Barranquilla.
La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que señaló al condenado como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.
De acuerdo con la investigación, alias “Julito” habría realizado labores de seguimiento y vigilancia para identificar a las víctimas y establecer la ruta de escape que usarían los atacantes antes de la incursión armada ocurrida el 12 de septiembre de 2022 en un establecimiento comercial del sector.
Las autoridades indicaron que, una vez recopilada la información, el hoy condenado llegó al lugar junto con hombres armados y participó en el ataque indiscriminado contra varias personas que se encontraban departiendo en el sitio.
La Fiscalía también estableció que la acción violenta habría sido ordenada por cabecillas de “Los Costeños” en medio de disputas criminales por el control de actividades ilícitas en distintos sectores de la ciudad.
Por estos hechos, Julio César de la Hoz Román fue hallado responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.
La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la defensa.
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