Vecinos del sector de la Urbanización El ALGARROBO y BUENOS AIRES, muy cerca del pueblo, algunas personas han montado criaderos de cerdos o las más conocidas como “marraneras”, sin la permisología legal y sin los protocolos vigentes para no afectar la salud de sus vecinos, lo cuan desde hace tiempos, están provocando enfermedades por las “TERRIBLES CONDICIONES DE HIGIENE”.

Los vecinos afectados han interpuesto TODOS LOS RECURSOS LEGALES, pero nada que avanzan los procesos.

ESTA ES LA DENUNCIA PUNTUAL:

“Nosotros los Residentes de la urbanización El Algarrobo y Buenos Aires en Villanueva (Casanare), queremos hacer una denuncia pública ante una actividad porcícola ilegal que se lleva a cabo en un predio colindante con uno urbano, predio de pertenencia de Dora Barreto exconcejal del municipio y su hija Alejandra Guevara. Llevamos más de dos años en proceso y la situación aún no se ha resuelto.

La denuncia, que ha sido en reiteradas ocasiones por los vecinos afectados, no ha tenido un control y estamos en un riesgo de salud pública, y sigue provocando daños en las demás propiedades y perjuicios ocasionados a las viviendas, la integridad y el bienestar de los residentes.

Tenemos que convivir con los malos olores constantes, la proliferación de moscas, zancudos y otros vectores, así como la presencia de aves carroñeras, se observan pozos sépticos abiertos, sin ningún tipo de tratamiento y ni que decir de los galpones de pollos de la misma persona que también producen olores desagradables y contaminación tanto del suelo como del aire.

Los trabajos de partos, la descolmillada de los cerdos, las mejoras de las cocheras y demás procedimientos los realizan a altas horas de la noche, perturbando el sueño de los vecinos y alterando la comunidad.

A ESPAVI hacerle un llamado para que verifiquen las constantes fugas de agua presentes en ese predio, a quien corresponda verificar el estado de los animales utilizados para la explotación, ya que se escuchan cerdos con tos, se observan cerdos metidos en una gruesa capa de barro y sus propias heces todos los días.

Las autoridades locales se han pronunciado a nuestro favor en diversas oportunidades, sin embargo, a pesar de estos pronunciamientos oficiales, está marranera continúa operando sin ningún tipo de control o sanción efectiva.

Cómo comunidad exigimos se respete nuestros derechos; a vivir en un entorno saludable, a gozar de una vivienda digna y sobre todo la salud de los niños y la tercera edad que acá habitan, no hemos visto ninguna acción concreta por parte de las autoridades.

Inicialmente mediante una querella interpuesta, logramos un fallo el 15 de abril del 2024, dónde se resuelve una suspensión de la actividad, además, de multas, la contraparte interpuso una apelación, que en segunda instancia es competencia de la administración municipal donde se le ratifica que sigue en firme la decisión de la inspectora urbana de Policía.

Adicional a eso a la Corporación Autónoma de la Orinoquia (Corporinoquia) en su concepto técnico emitido el 07 de Julio del 2023, afirma que existen méritos para iniciar un proceso sancionatorio en contra de la infractora (predio donde se encuentran ubicados las marraneras).

Por su parte la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico Municipal también expidió un informe técnico en que se le hicieron una serie de recomendaciones y conclusiones sobre el vertimiento de aguas residuales al suelo, sin los debidos tratamientos que determina la Ley.

La contraparte además, inicio una tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva Casanare, por supuesta violación de derecho al debido proceso, fallo expedido el 09 de Julio 2024 dónde se le negó dicha tutela y se les confirmó y garantizó que ha sido un procedimiento transparente y apropiado, ya que se presentaron pruebas de veracidad.

Por otra parte, tenemos el uso de suelos expedido por Planeación Municipal, dónde se ve claramente que es un terreno de uso agroforestal y que tiene un uso condicionado para producción agropecuaria intensiva y un uso prohibido de vertimiento de residuos sólidos y líquidos que generen impactos negativos.

Hacemos un llamado urgente a la Gobernación de Casanare, a la Administración Municipal y a las demás autoridades competentes para que actúen de manera decisiva y definitiva, y pongan fin a esta actividad ilegal que ha afectado la calidad de vida de la comunidad por tanto tiempo, o en su defecto nos reubiquen e indemnicen y nos garanticen nuestros derechos, puesto que la bien común prima sobre los intereses particulares”.

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