Judicial
‘Los Costeños’ no se salieron con la suya
Un exnotario, un abogado y una tramitadora, estarían involucrados en la ejecución de diferentes maniobras para arrebatarles las propiedades a sus verdaderos dueños, y ponerlas a nombre de cabecillas y enlaces del grupo delincuencial “Los Costeños”.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales logró la judicialización de tres personas que habrían facilitado a la organización delincuencial ‘Los Costeños’ el despojo de lotes, fincas y otros bienes inmuebles en la Costa Atlántica.
Se trata del exnotario encargado de la Notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, Augusto Osorio Berdugo; el abogado Luis Alberto Torrenegra y la tramitadora Diana Patricia Molina Barraza.
Los elementos de prueba indican que, al parecer, se articularon para obtener las escrituras públicas de predios considerados de interés para la organización ilegal, ubicados en Atlántico; alterar los datos relacionados con la tradición de las propiedades y los nombres de los dueños, para ponerlas a nombre de cabecillas o enlaces de ‘Los Costeños’.
En el curso de la investigación se acreditó que también tendrían a disposición un componente armado que se encargaba de ubicar y constreñir a los verdaderos propietarios de los inmuebles para que firmaran documentos en los que cedían la titularidad de sus bienes.
El notario, el abogado y la tramitadora fueron capturados en diligencias realizadas en Riohacha (La Guajira), Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico).
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.
Por disposición del juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en el lugar de residencia. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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