Judicial
La corrupción se tomó universidad en el Chocó
Judicializados exrector y dos funcionarios de la universidad tecnológica del chocó por posibles actos de corrupción en un contrato de modernización de aulas.
· Por estos hechos también fue vinculado el representante legal de la empresa a la que le fue adjudicado el contrato.
· Se estableció que fueron desembolsados recursos públicos para compra de herramientas tecnológicas que no cumplían las condiciones de idoneidad y por otras que no fueron entregadas.
La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto. La Fiscalía General de la Nación identificó varias irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, por lo que fueron capturados y judicializados cuatro de los presuntos involucrados.
Un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios Sánchez.
El rector y los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Mientras que el contratista fue vinculado por los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
La investigación El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación.
Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados.
Además, se encargó de la supervisión e interventoría. Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes.
Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta.
Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica.
Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso.
Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.
La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de 600 millones de pesos.
Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados.
Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.
Ubicado presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de edad en España
En el celular del hombre fueron encontradas fotografías y videos de los vejámenes a los que sometía a la niña.
En atención a una notificación roja emitida por Interpol, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional ubicaron en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, al presunto responsable de abusar sexualmente de una niña de 13 años en España.
Se trata de Farid Rojas Rojas, quien había escapado del país europeo luego de que encontraran en su celular fotografías y videos de las agresiones y vejámenes a los que sometía a la menor de edad.
Esta situación también fue denunciada por la madre y la hermana de la víctima, que lo señalaron de asediarla constantemente.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria (España) emitió orden de detención en establecimiento carcelario contra el señalado agresor y solicitó su extradición para atender el requerimiento judicial.
El procedimiento que permitió localizar a Rojas Rojas hace parte del acuerdo de cooperación y ubicación de fugitivos internacionales suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El ciudadano colombiano requerido por la justicia del Reino de España quedó a disposición de la Fiscalía mientras se surten los trámites para su extradición.
Impactados ‘Fake Face’, la red señalada de robar recursos de cesantías por medios informáticos
Cuatro de los presuntos integrantes de este grupo delictivo fueron judicializados. Son señalados de falsificar las cédulas para burlar los controles de las entidades bancarias y sustraer dinero de los fondos de cesantías.
Suplantar personas, así como diseñar cédulas de ciudadanía y documentos falsos, son algunas de las maniobras fraudulentas a las que recurrió una red delictiva denominada ‘Fake Face’ para tramitar y obtener el desembolso de recursos de los fondos de pensiones y de cesantías.
Actividades investigativas realizadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitieron identificar y capturar a cuatro de los presuntos integrantes de este grupo delictivo en Bogotá.
En los procedimientos fueron incautadas 70 cédulas y una cantidad importante de tarjetas de productos financieros.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a los capturados ante una juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad personal, uso de documento falso, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y hurto por medios informáticos.
Los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de un juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Los afectados con la decisión son: Héctor Fabián Betancourt Reyes, señalado cabecilla de la organización; Jhoinner Navas Márquez, Geovanny Zárate Cárdenas y Miguel Andrés Casseres Zárate, quienes desde junio de 2023 se apropiaron de recursos de prestaciones sociales de 27 víctimas.
En el curso de la investigación se conoció que estos tres hombres obtenían de manera ilícita en bases de datos información de afiliados al Sistema de Seguridad Social y la usaban inicialmente para crear cédulas falsas en las que plasmaban fotografías de sus caras. De esta manera, evadían los controles biométricos y de seguridad de los bancos, y abrían cuentas de ahorros a nombre de ciudadanos determinados.
Posteriormente, haciéndose pasar por la persona a la que le suplantaban la identidad ingresaban a la zona transaccional virtual de los fondos de cesantías y solicitaban el retiro parcial o definitivo del dinero ahorrado. Este trámite lo soportaban con certificaciones espurias que daban cuenta de terminación de contratos laborales, cotizaciones por compra de bienes y servicios para mejoras de vivienda, entre otros conceptos.
Finalmente, solicitaban que los recursos de cesantías fueran consignados en las cuentas bancarias creadas con las células falsas. Los elementos materiales probatorios indican que de esta manera ‘Fake Face’ se apropió de más de 42 millones de pesos.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Frank Alberto Delgado Patria, Geovanny Martínez Trujillo y Cristian Mauricio Rodríguez Castillo; presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Mensajeros, que, al parecer, trasladaban estupefacientes desde Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander hacia Mitú (Vaupés).
Un fiscal de la Seccional Vaupés les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y falsedad personal.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2023, estos hombres, al parecer se concertaron para contactar proveedores de estupefacientes en Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander.
Después, presuntamente, trasladaban las sustancias ilícitas ocultas en electrodomésticos y panelas de jabón hasta la capital de Vaupés.
Para el transporte de los estupefacientes, al parecer, utilizaban empresas de carga y mensajería. Una vez en Mitú, eran reclamados por personas, que simulaban ser los remitentes de la mercancía. En Mitú, los hoy procesados se encargarían de la dosificación, distribución y venta de las sustancias ilícitas.
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