Judicial
La corrupción se tomó universidad en el Chocó
Judicializados exrector y dos funcionarios de la universidad tecnológica del chocó por posibles actos de corrupción en un contrato de modernización de aulas.
· Por estos hechos también fue vinculado el representante legal de la empresa a la que le fue adjudicado el contrato.
· Se estableció que fueron desembolsados recursos públicos para compra de herramientas tecnológicas que no cumplían las condiciones de idoneidad y por otras que no fueron entregadas.
La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto. La Fiscalía General de la Nación identificó varias irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, por lo que fueron capturados y judicializados cuatro de los presuntos involucrados.
Un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios Sánchez.
El rector y los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Mientras que el contratista fue vinculado por los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
La investigación El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación.
Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados.
Además, se encargó de la supervisión e interventoría. Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes.
Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta.
Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica.
Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso.
Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.
La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de 600 millones de pesos.
Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados.
Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.
Judicial
Capturados con fines de extradición presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’
Cuatro presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico transnacional fueron capturados con fines de extradición, señalados de movilizar cargamentos de clorhidrato de cocaína desde distintas zonas de producción ilegal en Colombia hacia puntos costeros, desde donde se coordinaba su envío a destinos internacionales.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en articulación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), logró la captura de los ciudadanos Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.
Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los municipios de Rionegro (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una solicitud formal de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que los requiere por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.
De acuerdo con la investigación, los capturados serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hasta puntos estratégicos del Caribe colombiano —especialmente en La Guajira— y asegurar su salida en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para el desarrollo de estas actividades, habrían establecido alianzas criminales con estructuras del ELN y del ‘Clan del Golfo’.
La Fiscalía indicó que a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya se le atribuye el contacto con organizaciones narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás implicados estarían vinculados al almacenamiento de la droga, la definición de rutas marítimas, el soporte logístico y el abastecimiento de las embarcaciones y sus tripulaciones.
Judicial
Por crimen de dos policías en el suroeste antioqueño fue judicializado presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Argiro Cossio, alias Guajiro, señalado cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del ‘Clan del Golfo’, por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos integrantes de la Policía Nacional ocurridos en el suroeste antioqueño durante el año 2025.
De acuerdo con el material probatorio, alias Guajiro habría participado en la activación de un artefacto explosivo el 16 de abril de 2025 en zona rural del municipio de Salgar (Antioquia). En este ataque perdió la vida el subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona.
Posteriormente, el 10 de julio de 2025, al parecer, ejecutó el asesinato del patrullero Luis Carlos González Bejarano en el corregimiento Santa Rita, municipio de Andes (Antioquia). Según la investigación, el uniformado fue atacado en varias oportunidades con arma de fuego y el agresor huyó del lugar.
Un fiscal de la Seccional Antioquia imputó al procesado los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
Durante las audiencias preliminares, el acusado no se allanó a los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Alias Guajiro fue capturado tras un enfrentamiento armado entre el grupo ilegal y la Policía Nacional, procedimiento en el que se incautaron armas, municiones de diferentes calibres, radios de comunicación y otros elementos de interés para la investigación.
Fiscalía adiciona nuevos hechos a imputación de tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos en Medellín sin tener la idoneidad.
En audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera voluntaria su presunta participación en todos los hechos atribuidos.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia), sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
En el desarrollo de la audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas y otras personas, habrían realizado numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.
Las investigadas, al parecer, participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.
El material probatorio recopilado estableció que cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, trasladaban su operación a otros barrios.
La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres a raíz de las intervenciones sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.
Estas mujeres permaneces privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025.
Por estos hechos, la Fiscalía también judicializó de Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, las dos señaladas articuladoras de la actividad delincuencial.
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