Judicial
La corrupción se tomó universidad en el Chocó
Judicializados exrector y dos funcionarios de la universidad tecnológica del chocó por posibles actos de corrupción en un contrato de modernización de aulas.
· Por estos hechos también fue vinculado el representante legal de la empresa a la que le fue adjudicado el contrato.
· Se estableció que fueron desembolsados recursos públicos para compra de herramientas tecnológicas que no cumplían las condiciones de idoneidad y por otras que no fueron entregadas.
La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto. La Fiscalía General de la Nación identificó varias irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, por lo que fueron capturados y judicializados cuatro de los presuntos involucrados.
Un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios Sánchez.
El rector y los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Mientras que el contratista fue vinculado por los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó cargos.
La investigación El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación.
Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados.
Además, se encargó de la supervisión e interventoría. Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes.
Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta.
Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica.
Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso.
Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.
La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de 600 millones de pesos.
Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados.
Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.
Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander
Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.
Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.
En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
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