Asegurados en centro carcelario los presuntos responsables de robo informático a una alcaldía municipal de Norte de Santander.

Habrían participado en la suplantación del alcalde y la tesorera para transferir ilegalmente 1.400 millones de pesos que correspondían a recursos públicos de un programa de construcción y adecuación de carreteras rurales.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro de los presuntos involucrados en un robo informático a la Alcaldía de Cáchira (Norte de Santander), ocurrido el 18, 19, 24 y 25 de abril de 2024.

Se trata de Hugo Miguel Hazbún Reyes, quien habría recibido la mayor cantidad del dinero, Juan Carlos Domínguez Medina, Laura Vanesa Escamilla García y Ruth Marleny Medina Díaz, señalados de prestar sus cuentas personales para recibir los recursos que eran transferidos irregularmente.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a estas personas el delito de hurto por medios informáticos agravado, el cual no fue aceptado.

Las evidencias recopiladas indican que los imputados se habrían beneficiado de la suplantación al alcalde y a la tesorera de Cáchira, que se logró a través de información privilegiada para acceder a las plataformas virtuales de la entidad bancaria en la que el municipio tenía los dineros del programa ‘Colombia Rural’, creado para financiar la construcción de carreteras veredales.

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Con los datos de los usuarios y las contraseñas, al parecer, se hicieron cinco movimientos bancarios a los imputados, con los que lograron apropiarse de 1.400 millones de pesos.

Fue condenado integrante de grupo delincuencial ‘Los Lobos’ por crimen de veedor ciudadano en Cúcuta.

Este sujeto fue el responsable de seleccionar el sicario y suministrarle el arma de fuego para que ejecutara el crimen.

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Bardomar Rafael Evaristo Pereda, alias el Gringo o Gringolandia, aceptó su participación en el asesinato del líder social y veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez Giraldo, ocurrido el 14 de abril de 2024, en Cúcuta (Norte de Santander).

Un juez penal especializado avaló los términos de la negociación judicial y lo condenó a 23 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dan cuenta de que alias Gringolandia, de nacionalidad venezolana, es integrante de ‘Los Lobos’, un grupo delincuencial que contactó y contrató a otra estructura ilegal conocida como los ‘AK 47’ para ejecutar el crimen.

En cumplimiento de ese pacto ilegal, la víctima fue ubicada, seguida y atacada con arma de fuego en un establecimiento de comercio del barrio La Riviera.

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La Fiscalía demostró que Evaristo Pereda realizó seguimientos previos a la víctima y le entregó al sicario el arma para perpetrar el homicidio.

Posteriormente, y luego de constatar que el veedor ciudadano estaba muerto, se reunió en un inmueble con el atacante y una mujer que lo transportó para evadir la persecución de las autoridades y repartir el dinero prometido por la acción ilegal. Por el crimen de Jaime Alonso Vásquez Giraldo, fue condenado a 28 años de prisión Gustavo Alexander Corredor Torres, alias El Enano, en diciembre de 2024.

Adicionalmente, han sido judicializadas otras cuatro personas y avanzan los procesos en su contra.

Descubierta avioneta que iba ser acondicionada para, al parecer, mover cargamentos de cocaína.

La aeronave llegó desarmada a Colombia procedente de Estados Unidos. Fue hallada en una finca en zona rural de Chía (Cundinamarca).

La articulación de capacidades de la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Aeronáutica Civil y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) permitió ubicar el lugar en el que era ensamblada una avioneta tipo Piper PA-28 para ponerla al servicio del narcotráfico.

La aeronave desarmada fue encontrada en el garaje de una finca ubicada en zona rural de Chía (Cundinamarca). Los elementos materiales probatorios indican que todas las partes llegaron por vía marítima a Barranquilla (Atlántico) procedentes de Miami (Estados Unidos), fueron trasladadas al aeropuerto de Guaymaral, en el norte de Bogotá; y posteriormente movilizadas de manera subrepticia al inmueble donde se trabajaría en el armado y acondicionamiento para ampliar la autonomía de vuelo y carga.

La información obtenida hasta el momento indica que, luego de terminar este proceso, la avioneta monomotor sería enviada a Venezuela, donde la cargarían con clorhidrato de cocaína y coordinarían la salida a República Dominicana con destino a Estados Unidos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que realizaron la diligencia de registro y allanamiento en la finca incautaron cada una de las piezas. Una fiscal de la Seccional Cundinamarca obtuvo legalidad del procedimiento ante un juez de control de garantías.

La labor investigativa continúa para identificar a los involucrados en este caso.

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