Judicial
Condenado a la pena más alta en Colombia
Por la muerte de una niña Sofía Delgado de 12 años fue condenado a 58 años de prisión hombre que le causó la muerte a una niña de 12 años e incineró el cuerpo para evitar que fuera encontrado.
Fue declarado responsable de los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.
En atención a las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación y luego de verificar la aceptación voluntaria de cargos, una juez penal de conocimiento condenó a 58 años y 3 meses de prisión a Brayan Snaither Campo Pillimué, el responsable de causarle la muerte a una niña de 12 años e incinerar el cuerpo en hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2024, en Candelaria (Valle del Cauca).
Las actividades investigativas permitieron establecer que la víctima salió de la casa de los abuelos y se dirigió a su lugar de residencia para recoger un champú para bañar a su mascota. En el camino pasó frente a un establecimiento de artículos para animales de propiedad de Campo Pillimué, quien la interceptó e indujo con engaños a ingresar al local.
Posteriormente, el hombre de 32 años bajó la reja del inmueble y golpeó a la menor de edad en la cabeza dejándola inconsciente y sin signos vitales. Horas después envolvió el cuerpo en costales y lo trasladó en una motocicleta a una zona de cañaduzales ubicada en la vía que conduce de Candelaria a Florida (Valle del Cauca), donde le prendió fuego. Al día siguiente los expertos forenses lo encontraron.
En el curso de la investigación se conoció que, minutos antes del crimen, intentó secuestrar a otra menor de edad, también de 12 años, quien logró escapar del sitio.
Campo Pillimué fue sentenciado por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.
Además de cumplir la pena en la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, deberá pagar una multa equivalente a 39.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’
Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.
De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.
El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.
Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).
Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.
Un juez penal condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, conocido como alias “Julito”, por su participación en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en el barrio Las Flores, en Barranquilla.
La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que señaló al condenado como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.
De acuerdo con la investigación, alias “Julito” habría realizado labores de seguimiento y vigilancia para identificar a las víctimas y establecer la ruta de escape que usarían los atacantes antes de la incursión armada ocurrida el 12 de septiembre de 2022 en un establecimiento comercial del sector.
Las autoridades indicaron que, una vez recopilada la información, el hoy condenado llegó al lugar junto con hombres armados y participó en el ataque indiscriminado contra varias personas que se encontraban departiendo en el sitio.
La Fiscalía también estableció que la acción violenta habría sido ordenada por cabecillas de “Los Costeños” en medio de disputas criminales por el control de actividades ilícitas en distintos sectores de la ciudad.
Por estos hechos, Julio César de la Hoz Román fue hallado responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.
La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la defensa.
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