Judicial
Funcionarios de Migración delinquiendo
En evidencia grupo delincuencial señalado de facilitar el ingreso y salida de migrantes por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
La red estaría conformada por particulares y cuatro funcionarios de Migración Colombia señalados de facilitar el tránsito de los extranjeros por la terminal aérea sin pasar por los filtros migratorios.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), puso en evidencia a un grupo delincuencial que sería el responsable de facilitar el ingreso y la salida irregular de ciudadanos chinos, mexicanos y vietnamitas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Cuatros de los presuntos integrantes de la red ilegal fueron capturados y judicializados. Se trata de los agentes de Migración Colombia Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero.
Estas personas son señaladas de aprovechar sus cargos para trasladar a los extranjeros por la terminal aérea sin cruzar los filtros de migración o llevarlos hasta los puestos de Migración Colombia y permitirles el tránsito diligenciando información falsa en los sistemas misionales de la entidad, eliminando filtros para validar el paso u omitiendo caprichosamente la verificación de la información.
Los elementos materiales probatorios indican que los funcionarios también habrían utilizado pasaportes de otros ciudadanos para registrar a los migrantes sin que estuvieran presentes físicamente en los módulos.
En el curso de la investigación fueron acreditados 11 eventos delictivos en los que los agentes, al parecer, actuaron sin estar de turno ni habilitados para ejercer funciones, y permitieron el tránsito de extranjeros que salían del país con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica.
Por lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público.
Adicionalmente, a Cerón Reyes se le formuló el cargo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en el entendido de que le fue encontrada munición para pistola sin autorización para su tenencia durante el procedimiento de captura realizado en un inmueble de Bogotá.
Por disposición del juez penal de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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