Judicial
Fiscalía solicitó medida privativa de la libertad contra exdirectivos y empresario en la defraudación a la UNGRD
Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad. “(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas.
Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos.
El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira.
Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos. En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024.
En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRDparaejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco hombres que estarían involucrados en actividades de tráfico local de estupefacientes en el municipio de Orocué, Casanare.
Los procesados fueron identificados como Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón, Nilson Fabián Morales Rivas, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, durante cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional en diferentes sectores de Orocué, los cinco hombres fueron capturados en flagrancia.
En los procedimientos fueron incautados clorhidrato de cocaína, papeletas de bazuco, un arma de fuego hechiza, 115 cartuchos de diferentes calibres, ocho celulares, dos computadores portátiles, ocho frascos de pólvora y cuatro motocicletas que, al parecer, serían utilizadas para realizar domicilios de estupefacientes.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Casanare les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Ninguno de los cinco procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad contra Tony José Simón Ramos Ortiz, Aurelio Antonio Ramos Rondón y Nilson Fabián Morales Rivas. Por su parte, Deiner Adrián Gaitán Unda y Carlos Augusto Carreño Maldonado continúan vinculados al proceso.
La Fiscalía recordó que la vinculación a un proceso penal y la imputación de cargos no constituyen una condena y que la responsabilidad penal deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.
La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Racifo Jesús Acosta Lizardo, señalado de presuntamente agredir a su empleadora al interior de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
Según la investigación, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, después de que el hombre habría solicitado el pago anticipado de su salario. Ante la negativa de la mujer, presuntamente la habría agredido, provocando que cayera al suelo, y posteriormente la habría llevado hacia una zona menos visible del establecimiento, donde habría continuado la agresión y realizado amenazas.
Los llamados de auxilio alertaron a personas que se encontraban en los alrededores, quienes acudieron para ayudar a la mujer. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía solicitó una orden de captura, que fue materializada el 21 de septiembre en vía pública de Bogotá.
Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo y una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Judicial
Caen ‘Los Costas’, presunta red señalada de seguir a personas que retiraban dinero de los bancos
La Fiscalía General de la Nación informó la captura de tres personas que serían integrantes de la estructura denominada ‘Los Costas’, investigada por su presunta participación en una serie de hurtos a usuarios del sistema financiero.
Según la investigación, la organización habría seleccionado personas que retiraban dinero en entidades bancarias para posteriormente seguirlas en motocicletas o vehículos y, en lugares previamente identificados, interceptarlas y despojarlas del efectivo.
La Fiscalía relacionó 14 hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 en municipios de Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca. De acuerdo con el expediente, el dinero presuntamente hurtado supera los 400 millones de pesos.
Los capturados fueron identificados como Lauren Marcela Balza Coneo, Rhonal Valdés Corpas y Douglas Antonio Orozco Álvarez. Las autoridades señalan que Balza Coneo presuntamente se encargaba de identificar a posibles víctimas dentro de las entidades financieras, mientras que Valdés Corpas y Orozco Álvarez estarían vinculados al seguimiento de las personas seleccionadas.
Las capturas se realizaron en Medellín, Barranquilla y Cartagena, en un procedimiento adelantado por el CTI, con apoyo de la Policía Nacional.
Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
Valdés Corpas y Orozco Álvarez fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que Balza Coneo deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia.
Judicializados cinco hombres por presunta venta local de estupefacientes en Orocué
Judicializado hombre señalado de agredir y amenazar a su empleadora en Bogotá
Caen ‘Los Costas’, presunta red señalada de seguir a personas que retiraban dinero de los bancos
-
Judicial2 semanas agoCaen ‘Los Costas’, presunta red señalada de seguir a personas que retiraban dinero de los bancos
-
Judicial2 semanas agoJudicializado hombre señalado de agredir y amenazar a su empleadora en Bogotá
-
Judicial2 semanas agoJudicializados cinco hombres por presunta venta local de estupefacientes en Orocué
-
Opinión4 semanas ago¿Cómo recuperar 300 mil millones de pesos del IVA para la media Colombia en el presupuesto?