Judicial
Fiscalía solicitó medida privativa de la libertad contra exdirectivos y empresario en la defraudación a la UNGRD
Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad. “(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas.
Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos.
El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira.
Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos. En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024.
En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRDparaejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’
Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.
De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.
El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.
Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).
Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.
Un juez penal condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, conocido como alias “Julito”, por su participación en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en el barrio Las Flores, en Barranquilla.
La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que señaló al condenado como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.
De acuerdo con la investigación, alias “Julito” habría realizado labores de seguimiento y vigilancia para identificar a las víctimas y establecer la ruta de escape que usarían los atacantes antes de la incursión armada ocurrida el 12 de septiembre de 2022 en un establecimiento comercial del sector.
Las autoridades indicaron que, una vez recopilada la información, el hoy condenado llegó al lugar junto con hombres armados y participó en el ataque indiscriminado contra varias personas que se encontraban departiendo en el sitio.
La Fiscalía también estableció que la acción violenta habría sido ordenada por cabecillas de “Los Costeños” en medio de disputas criminales por el control de actividades ilícitas en distintos sectores de la ciudad.
Por estos hechos, Julio César de la Hoz Román fue hallado responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.
La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la defensa.
