Judicial
Fiscalía solicitó medida privativa de la libertad contra exdirectivos y empresario en la defraudación a la UNGRD
Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad. “(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas.
Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos.
El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira.
Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos. En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024.
En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRDparaejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
Ubicado presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de edad en España
En el celular del hombre fueron encontradas fotografías y videos de los vejámenes a los que sometía a la niña.
En atención a una notificación roja emitida por Interpol, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional ubicaron en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, al presunto responsable de abusar sexualmente de una niña de 13 años en España.
Se trata de Farid Rojas Rojas, quien había escapado del país europeo luego de que encontraran en su celular fotografías y videos de las agresiones y vejámenes a los que sometía a la menor de edad.
Esta situación también fue denunciada por la madre y la hermana de la víctima, que lo señalaron de asediarla constantemente.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria (España) emitió orden de detención en establecimiento carcelario contra el señalado agresor y solicitó su extradición para atender el requerimiento judicial.
El procedimiento que permitió localizar a Rojas Rojas hace parte del acuerdo de cooperación y ubicación de fugitivos internacionales suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El ciudadano colombiano requerido por la justicia del Reino de España quedó a disposición de la Fiscalía mientras se surten los trámites para su extradición.
Impactados ‘Fake Face’, la red señalada de robar recursos de cesantías por medios informáticos
Cuatro de los presuntos integrantes de este grupo delictivo fueron judicializados. Son señalados de falsificar las cédulas para burlar los controles de las entidades bancarias y sustraer dinero de los fondos de cesantías.
Suplantar personas, así como diseñar cédulas de ciudadanía y documentos falsos, son algunas de las maniobras fraudulentas a las que recurrió una red delictiva denominada ‘Fake Face’ para tramitar y obtener el desembolso de recursos de los fondos de pensiones y de cesantías.
Actividades investigativas realizadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitieron identificar y capturar a cuatro de los presuntos integrantes de este grupo delictivo en Bogotá.
En los procedimientos fueron incautadas 70 cédulas y una cantidad importante de tarjetas de productos financieros.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a los capturados ante una juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad personal, uso de documento falso, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y hurto por medios informáticos.
Los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de un juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Los afectados con la decisión son: Héctor Fabián Betancourt Reyes, señalado cabecilla de la organización; Jhoinner Navas Márquez, Geovanny Zárate Cárdenas y Miguel Andrés Casseres Zárate, quienes desde junio de 2023 se apropiaron de recursos de prestaciones sociales de 27 víctimas.
En el curso de la investigación se conoció que estos tres hombres obtenían de manera ilícita en bases de datos información de afiliados al Sistema de Seguridad Social y la usaban inicialmente para crear cédulas falsas en las que plasmaban fotografías de sus caras. De esta manera, evadían los controles biométricos y de seguridad de los bancos, y abrían cuentas de ahorros a nombre de ciudadanos determinados.
Posteriormente, haciéndose pasar por la persona a la que le suplantaban la identidad ingresaban a la zona transaccional virtual de los fondos de cesantías y solicitaban el retiro parcial o definitivo del dinero ahorrado. Este trámite lo soportaban con certificaciones espurias que daban cuenta de terminación de contratos laborales, cotizaciones por compra de bienes y servicios para mejoras de vivienda, entre otros conceptos.
Finalmente, solicitaban que los recursos de cesantías fueran consignados en las cuentas bancarias creadas con las células falsas. Los elementos materiales probatorios indican que de esta manera ‘Fake Face’ se apropió de más de 42 millones de pesos.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Frank Alberto Delgado Patria, Geovanny Martínez Trujillo y Cristian Mauricio Rodríguez Castillo; presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Mensajeros, que, al parecer, trasladaban estupefacientes desde Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander hacia Mitú (Vaupés).
Un fiscal de la Seccional Vaupés les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y falsedad personal.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2023, estos hombres, al parecer se concertaron para contactar proveedores de estupefacientes en Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander.
Después, presuntamente, trasladaban las sustancias ilícitas ocultas en electrodomésticos y panelas de jabón hasta la capital de Vaupés.
Para el transporte de los estupefacientes, al parecer, utilizaban empresas de carga y mensajería. Una vez en Mitú, eran reclamados por personas, que simulaban ser los remitentes de la mercancía. En Mitú, los hoy procesados se encargarían de la dosificación, distribución y venta de las sustancias ilícitas.
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