Judicial
Fiscalía solicitó medida privativa de la libertad contra exdirectivos y empresario en la defraudación a la UNGRD
Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad. “(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas.
Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos.
El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira.
Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos. En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024.
En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRDparaejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
Judicial
Capturados con fines de extradición presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’
Cuatro presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico transnacional fueron capturados con fines de extradición, señalados de movilizar cargamentos de clorhidrato de cocaína desde distintas zonas de producción ilegal en Colombia hacia puntos costeros, desde donde se coordinaba su envío a destinos internacionales.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en articulación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), logró la captura de los ciudadanos Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.
Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los municipios de Rionegro (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una solicitud formal de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que los requiere por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.
De acuerdo con la investigación, los capturados serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hasta puntos estratégicos del Caribe colombiano —especialmente en La Guajira— y asegurar su salida en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para el desarrollo de estas actividades, habrían establecido alianzas criminales con estructuras del ELN y del ‘Clan del Golfo’.
La Fiscalía indicó que a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya se le atribuye el contacto con organizaciones narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás implicados estarían vinculados al almacenamiento de la droga, la definición de rutas marítimas, el soporte logístico y el abastecimiento de las embarcaciones y sus tripulaciones.
Judicial
Por crimen de dos policías en el suroeste antioqueño fue judicializado presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Argiro Cossio, alias Guajiro, señalado cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del ‘Clan del Golfo’, por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos integrantes de la Policía Nacional ocurridos en el suroeste antioqueño durante el año 2025.
De acuerdo con el material probatorio, alias Guajiro habría participado en la activación de un artefacto explosivo el 16 de abril de 2025 en zona rural del municipio de Salgar (Antioquia). En este ataque perdió la vida el subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona.
Posteriormente, el 10 de julio de 2025, al parecer, ejecutó el asesinato del patrullero Luis Carlos González Bejarano en el corregimiento Santa Rita, municipio de Andes (Antioquia). Según la investigación, el uniformado fue atacado en varias oportunidades con arma de fuego y el agresor huyó del lugar.
Un fiscal de la Seccional Antioquia imputó al procesado los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
Durante las audiencias preliminares, el acusado no se allanó a los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Alias Guajiro fue capturado tras un enfrentamiento armado entre el grupo ilegal y la Policía Nacional, procedimiento en el que se incautaron armas, municiones de diferentes calibres, radios de comunicación y otros elementos de interés para la investigación.
Fiscalía adiciona nuevos hechos a imputación de tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos en Medellín sin tener la idoneidad.
En audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera voluntaria su presunta participación en todos los hechos atribuidos.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia), sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
En el desarrollo de la audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas y otras personas, habrían realizado numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.
Las investigadas, al parecer, participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.
El material probatorio recopilado estableció que cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, trasladaban su operación a otros barrios.
La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres a raíz de las intervenciones sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.
Estas mujeres permaneces privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025.
Por estos hechos, la Fiscalía también judicializó de Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, las dos señaladas articuladoras de la actividad delincuencial.
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