Judicial
Fiscalía solicitó medida privativa de la libertad contra exdirectivos y empresario en la defraudación a la UNGRD
Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad. “(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas.
Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos.
El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira.
Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos. En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024.
En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRDparaejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
Asegurados presuntos responsables del crimen de un ciudadano en medio de una riña en Casanare
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías, a dos hombres que estarían involucrados en un ataque con arma a cortopunzante a un ciudadano en medio de una discusión.
El pasado 20 de septiembre en una vía pública de Trinidad (Casanare), Járrison José Rodríguez Rodríguez y Yhovanny Smith Grimon Paredes, al parecer atacaron con arma cortopunzante a un ciudadano, quien logró huir y ser atendido en un centro asistencial.
Posteriormente el hermano del afectado llegó al lugar y les reclamó a los presuntos atacantes.
En ese momento, también fue agredido con un cuchillo y otro elemento causándole heridas de gravedad que le provocaron la muerte.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional que atendieron el llamado de la comunidad.
Rodríguez Rodríguez y Grimon Paredes fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Asegurados en centro carcelario presuntos responsables de preparar atentado terrorista contra la estación de policía de Amalfi (antioquia)
Jhan Carlos Cárdenas Hincapié y Duvier Aníbal Gómez fueron capturados minutos después de abandonar un artefacto explosivo frente a la instalación oficial.
Por petición de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jhan Carlos Cárdenas Hincapié y Duvier Aníbal Gómez Hernández, por su presunta participación en un plan para atentar contra la estación de policía de Amalfi (Antioquia), el pasado 20 de septiembre.
Videos de cámaras de seguridad y otros elementos materiales probatorios dan cuenta de que los dos hombres se habrían acercado a la instalación oficial con una caja sellada, que posteriormente dejaron abandonada en un costado de la edificación.
Los uniformados que prestaban seguridad a la estación detectaron el paquete y, al revisarlo, encontraron en su interior una olla a presión acondicionada con metralla, algo más de 10 kilogramos de nitrato de amonio y un sistema de activación de manera remota que incluía un radio de comunicaciones y un celular.
El artefacto fue detonado de manera controlada y los dos señalados responsables de ubicarlo fueron capturados a pocas cuadras del lugar.
La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
No aceptaron cargos.
Asegurado en centro carcelario profesor de artes que habría abusado sexualmente de dos de sus alumnas menores de edad
Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García , profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá) quien habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.
Entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.
Finalmente, las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.
En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
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