Judicial
Estaría involucrada en trata de personas
Fiscalía identificó a mujer señalada de engañar a jóvenes con falsas ofertas laborales para inducirlas a viajar a México y explotarlas sexualmente.
Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales en Villavicencio (Meta) y convencidas de trasladarse a Cancún, donde trabajarían en un hotel. Sin embargo, al llegar eran despojadas de sus documentos, retenidas y obligadas a ejercer actividades sexuales.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una mujer que sería el principal enlace en Colombia de una red criminal señalada de engañar jóvenes con falsas ofertas laborales y convencerlas de viajar a México para explotarlas sexualmente en ese país.
A la presunta involucrada, identificada como Lix Verónica Novoa Montenegro, un fiscal especializado de la Seccional Meta le imputó el delito de trata de personas, cargo que no fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los elementos materiales probatorios indican que la hoy procesada, al parecer, ubicaba a las víctimas por redes sociales, les hacía ofrecimientos de trabajo en un hotel cinco estrellas de Cancún (México); y les tramitaba documentación, tiquetes aéreos y dinero para que pudieran trasladarse al extranjero.
Las jóvenes que aceptaban y llegaban a México eran recibidas por un grupo de personas que las movilizaba al sector de Playa del Carmen, en zona costera del estado Quintana Roo; las despojaba de sus papeles, las retenía y las obligaba a ejercer actividades sexuales en un establecimiento nocturno para cumplir el pago de multas impuestas para cubrir su manutención, alimentación y otros gastos.
Una de las víctimas de esta red ilegal escapó del lugar en el que era explotada sexualmente, acudió ante las autoridades y denunció.
En su declaración señaló que viajó a México en marzo de 2024, junto a otras tres víctimas. Con los detalles entregados y otras evidencias recopiladas en investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía obtuvo orden de captura en contra de Novoa Montenegro, la cual fue materializada en Villavicencio por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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