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El tiempo no perdona

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Condenados exintegrantes del bloque oriental de la extintas FARC EP por secuestros, homicidios, desplazamientos y otros hechos criminales perpetrados entre 1995 y 2005

Los sentenciados son cabecillas y guerrilleros rasos que se postularon a la Ley de Justicia y Paz.

Luego de valorar los argumentos y pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc EP, que tuvo injerencia en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas.

Se trata del excabecilla de una estructura armada, Efraín Quiñones Barreiro; el articulador principal de un componente financiero, César Díaz; un hombre que realizaba actividades de inteligencia, identificado como Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; y dos guerrilleros rasos, Daniel Zarate Velandia y Jhon Jairo Ramírez.

A estas personas se les atribuyen 44 hechos criminales ocurridos entre 1995 y 2005, los cuales dejaron 165 víctimas directas e indirectas de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes, entre otras conductas delictivas que fueron acreditadas por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.

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Entre los casos que motivaron la sentencia está el desplazamiento forzado del exalcalde de San Jacinto (Meta) y su familia en 2002; y el secuestro del exalcalde de Chiscas (Boyacá), el 17 de abril de 2002.

El entonces mandatario fue retenido por tres días en medio de cuestionamientos por desatender una instrucción del grupo armado ilegal que prohibió y ejerció presiones para que no se realizaran elecciones en el municipio.

De igual manera, está el secuestro de un agente de la Policía Nacional, durante una incursión violenta al casco urbano de El Espino (Boyacá), el 9 de junio de 1999.

El uniformado permaneció en cautiverio mientras las Farc EP acordaban un denominado intercambio de rehenes con el Gobierno Nacional, que se materializó en junio de 2001. L

a condena precisa que los cinco postulados deberán cumplir penas de 480 meses de prisión, multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena, con la alternativa que contempla la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en el fallo.

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Capturados con fines de extradición presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’

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Cuatro presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico transnacional fueron capturados con fines de extradición, señalados de movilizar cargamentos de clorhidrato de cocaína desde distintas zonas de producción ilegal en Colombia hacia puntos costeros, desde donde se coordinaba su envío a destinos internacionales.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en articulación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), logró la captura de los ciudadanos Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los municipios de Rionegro (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una solicitud formal de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que los requiere por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, los capturados serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hasta puntos estratégicos del Caribe colombiano —especialmente en La Guajira— y asegurar su salida en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para el desarrollo de estas actividades, habrían establecido alianzas criminales con estructuras del ELN y del ‘Clan del Golfo’.

La Fiscalía indicó que a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya se le atribuye el contacto con organizaciones narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás implicados estarían vinculados al almacenamiento de la droga, la definición de rutas marítimas, el soporte logístico y el abastecimiento de las embarcaciones y sus tripulaciones.

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Por crimen de dos policías en el suroeste antioqueño fue judicializado presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Argiro Cossio, alias Guajiro, señalado cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del ‘Clan del Golfo’, por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos integrantes de la Policía Nacional ocurridos en el suroeste antioqueño durante el año 2025.

De acuerdo con el material probatorio, alias Guajiro habría participado en la activación de un artefacto explosivo el 16 de abril de 2025 en zona rural del municipio de Salgar (Antioquia). En este ataque perdió la vida el subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona.

Posteriormente, el 10 de julio de 2025, al parecer, ejecutó el asesinato del patrullero Luis Carlos González Bejarano en el corregimiento Santa Rita, municipio de Andes (Antioquia). Según la investigación, el uniformado fue atacado en varias oportunidades con arma de fuego y el agresor huyó del lugar.

Un fiscal de la Seccional Antioquia imputó al procesado los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

Durante las audiencias preliminares, el acusado no se allanó a los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Alias Guajiro fue capturado tras un enfrentamiento armado entre el grupo ilegal y la Policía Nacional, procedimiento en el que se incautaron armas, municiones de diferentes calibres, radios de comunicación y otros elementos de interés para la investigación.

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No sabían hacer operaciones estéticas

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Fiscalía adiciona nuevos hechos a imputación de tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos en Medellín sin tener la idoneidad.

En audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera voluntaria su presunta participación en todos los hechos atribuidos.

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia), sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

En el desarrollo de la audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas y otras personas, habrían realizado numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.

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Las investigadas, al parecer, participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.

El material probatorio recopilado estableció que cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, trasladaban su operación a otros barrios.

La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres a raíz de las intervenciones sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.

Estas mujeres permaneces privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025.

Por estos hechos, la Fiscalía también judicializó de Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, las dos señaladas articuladoras de la actividad delincuencial.

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