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Congreso radicó la ponencia para iniciar el debate de la reforma a la Ley de Víctimas
La decisión fue anunciada durante la plenaria del Congreso dedicada a conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.
Representantes de las mesas de participación de víctimas mencionaron que la radicación formal fue producto de su incidencia e insistencia por un proyecto que recogiera sus voces y necesidades.
Las víctimas fueron las protagonistas de una emotiva jornada en la que se conmemoró el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, como está estipulado en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Justamente durante la sesión plenaria en el Congreso se anunció la radicación de la ponencia para iniciar el trámite del proyecto para reformar esa ley, mediante una propuesta legislativa múltiple que unificó el proyecto que radicó el Gobierno del Cambio en septiembre de 2023 con otras tres iniciativas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).
La radicación de la ponencia se hizo en medio de la plenaria. Al finalizar, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, agradeció la incidencia y participación de las lideresas que conforman la Mesa Nacional de Víctimas, pues fue en buena parte gracias a ellas que se pudo estructurar y radicar el proyecto de ley que presentó el Gobierno y que contiene las voces y necesidades de cientos de víctimas, organizadas en las mesas de participación y no organizadas.
La radicación representa el avance para que surta su primer debate. Asimismo, tuvo palabras para los representantes que se encargaron de liderar los distintos espacios de socialización de la reforma.
“Quiero agradecer también a los miembros de la Cámara, a Karyme Cotes, una mujer liberal que ha hecho suya esta ponencia, a James Mosquera, y a cada uno de los miembros de la Comisión Primera para q esta reforma pase a la ponencia.
Esta no es cualquier reforma, es una de las víctimas”, manifestó.
¿Qué viene ahora para el proyecto de reforma?
Tras la radicación de la ponencia, todo queda listo para que se dé el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. De allí pasará a la plenaria de la Cámara.
Surtidos esos dos debates, el proyecto salta al Senado, donde debe hacer el mismo proceso: primero se discute en la Comisión Primera de Senado y luego en la plenaria de la corporación.
Si supera esos cuatro debates, se convertirá en ley de la República el proyecto que tiene como apuestas principales el enfoque de soluciones duraderas, la articulación con el Acuerdo de Paz y la creación de una comisión para buscar que financien la política pública de víctimas.
Así se desarrolló la plenaria en el Día de las Víctimas La sesión, que se extendió por más de seis horas, inició con la entrega de una ofrenda floral por parte del senador Iván Leonidas Name y el representante Andrés David Calle, presidente y vicepresidente del Congreso, respectivamente, y la realización de un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto armado.
Los directivos del Congreso coincidieron en sus discursos en la necesidad de reflexionar sobre los impactos del conflicto armado en Colombia y de velar por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
“En este día nos enfrentamos a una verdad incómoda. Un pasado manchado por la violencia, la opresión y la desigualdad. Reconocemos el sufrimiento inmenso de aquellos que han perdido a sus seres queridos, a sus hogares y sus esperanzas en el abismo de la guerra. Pero también reconocemos su resistencia, su valentía indomable para levantarse y reclamar la dignidad y la justicia”, destacó el representante Calle.
De ahí la necesidad de que la Ley de Víctimas cuente con más y mejores herramientas para garantizar la atención y reparación integral de las víctimas.
El senador David Luna, coordinador de la Comisión Accidental de Seguimiento a la Ley de Víctimas, señaló que si bien la actual norma ha representado avances importantes, también tiene muchos pendientes: “Esa Ley nos permite hoy, en esta conmemoración, hacer un llamado para que todos entendamos que, si trabajamos en la misma línea y hacia el mismo norte con el ánimo de responderle a los ciudadanos que han tenido y que han sufrido mayormente nuestro país, seguramente vamos a aportar un granito a lo que todos queremos lograr: la reconciliación”.
En ese sentido, varias de las intervenciones que hicieron unas 40 víctimas del conflicto armado, de distintos orígenes y que sufrieron todo tipo de hechos victimizantes, estuvieron enfocadas en la urgencia de iniciar el trámite del proyecto que reposa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, resaltó en su discurso que en efecto esta era la oportunidad para honrar la memoria de las 9.681.288 víctimas del conflicto armado (cifras a marzo de 2024).
“En nombre de quienes cuyas vidas han sido marcadas por el sufrimiento y la injusticia, nuestro mensaje es uno: reformar integralmente la Ley de Víctimas es la mayor conmemoración que podrían hacerle a las víctimas del conflicto armado”.
En ese espacio, Salas resaltó los esfuerzos de la Unidad para las Víctimas por atender y reparar a la población afectada por el conflicto armado, pero reconoció que “a pesar de todo el esfuerzo que hace, no tiene dientes ni esfuerzo fiscal para cumplirles a las víctimas en el territorio”, manifestando en ese sentido la urgencia de que el Estado en pleno ponga a las víctimas en el centro de su gestión.
Sobre el por qué este proyecto de reforma es tan importante para las víctimas, Ludirlena Pérez, del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas, aseguró que se trata de una iniciativa de la que hicieron parte activa en su construcción, de manera que incluyó los reclamos, sugerencias y enfoques que las víctimas aspiran que tenga la norma que se empezará a discutir en la Cámara de Representantes.
“Este proyecto de reforma fue presentado con nuestra voz, con nuestras voluntades y particularidades desde el territorio, porque quienes estamos en el territorio somos los que vivimos las realidades, somos quienes colocamos los muertos, quienes en realidad conocemos lo que necesitamos”, destacó Pérez.
Las voces del Gobierno no estuvieron alejadas de los llamados que hicieron las víctimas.
En su discurso, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, hizo hincapié en lo imperativo de escuchar los relatos e historias de quienes sufrieron los embates de la guerra, para así seguir buscando la verdad y sobre todo para que ninguna historia se repita.
También habló sobre el empeño del Gobierno para ponerse al día en lo que respecta a la atención y reparación de las víctimas.
“Este Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por contribuir a la superación de los rezagos y, con la participación de las víctimas de todo el país, construyó un proyecto para actualizar la Ley de Víctimas que esperamos el Congreso lo debata en democracia y lo saque adelante”.
Por su parte el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, afirmó que se seguirán buscando “posibilidades de reconciliación con grupos rebeldes” mediante negociaciones de paz para evitar “la inercia de seguir produciendo víctimas”.
De igual forma, envió un mensaje de aliento a las víctimas: “les decimos que este Gobierno se conduele con todas las víctimas y de todos los hechos que han sufrido.
Estamos acá para cambiar esa situación, para intentar repararles y devolverles dignidad. Para intentar construir un país en el que puedan vivir tranquilos y alegres, habiendo superado esa pesadilla del pasado”
Así lo dio a conocer mediante un Pronunciamiento sobre situación en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo:
Nuevamente, el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos que hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá, hechos que ya habían sido advertidos en la AT 001 de enero de este año.
Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc, Bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá Córdoba y Bloque Amazonas al mando de alias Ivàn Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio aledañas de San José del Guaviare.
Desde el pasado 26 de mayo de 2025, la comunidad que habita y transita por la conocida “Trocha Ganadera”, que conecta a cerca de 60 veredas y aproximadamente 10.000 personas, ha sido víctima de confinamiento, derivado de la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.
Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
De manera alarmante, la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.
Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la Alerta Temprana 001 de 2025. En comunicación del sábado 31 de mayo dirigida al Ministerio del Interior, le pedimos al Gobierno Nacional:
● La convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.
● La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.
● La adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales.
Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación.
• Quedan alrededor de 70 pozos por explorar entre 2026 y 2030, sin nuevos incentivos a la exploración se pondría fin a esta actividad en el país en el mediano plazo. En 2025, la inversión exploratoria caería 18%, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cuatro años.
• La inversión en producción crecería un 15% en 2025, con foco en mantener la producción de campos maduros. Sin nuevas exploraciones este impulso sería temporal y cada vez más costoso.
• La conflictividad social en las regiones donde se opera aumentó un 151% en 2024, impactando el desarrollo de los proyectos y sus contribuciones a los territorios y la seguridad energética del país.
• Las medidas propuestas por la ACP buscan revertir la caída exploratoria, aumentar la producción y garantizar la autosuficiencia energética, basada en inversión, competitividad y adición de fuentes.
Bogotá, D.C. 29 de mayo de 2025. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico anual ‘Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico’. Este análisis revela señales preocupantes sobre el agotamiento de la actividad exploratoria si no se cambia el rumbo, el deterioro del entorno operativo y un riesgo creciente para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de los hogares colombianos.
Ante este escenario, el gremio propone medidas para recuperar la competitividad y la autosuficiencia energética del país.
Exploración: actividad en cuenta regresiva El informe, basado en datos oficiales y de empresas que representan el 95% de la producción nacional de petróleo y el 96% de la de gas natural, advierte que, solo restan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos contractualmente para ser perforados entre 2026 y 2030.
Si no se toman medidas de impulso, Colombia agotará su actividad exploratoria al final de esta década, lo cual pondría al país en una situación crítica, sin nuevos descubrimientos que garanticen la reposición de reservas ni una base sólida para la sostenibilidad energética futura.
En 2025, la inversión en exploración caería un 18%, su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Esta reducción ocurre en un contexto en el que las reservas probadas de gas han caído un 57% en los últimos diez años y se vislumbra una caída acelerada de la producción de petróleo a partir de 2027.
PRODUCCIÓN: MÁS INVERSIÓN PARA MANTENER VOLÚMENES
Si bien la inversión en producción crecería un 15% en 2025, este impulso será transitorio si no se desarrollan nuevos proyectos.
Para 2025, en petróleo se estima una producción de entre 760 y 770 mil barriles promedio día (kbpd), similar a los 772 kbpd de 2024. Y en gas, para 2025 una producción comercializada de gas nacional de 905 millones de pies cúbicos día (MPCD), frente a 958 MPCD de 2024.
“Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas, no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas, esto es un doble desafío para la autosuficiencia energética”, señaló Frank Pearl, presidente de la ACP.
Entorno territorial y presión fiscal En 2024, los bloqueos a las operaciones del sector aumentaron un 151%, en un entorno de creciente conflictividad social y deterioro del orden público en las regiones donde se opera, afectando tanto el desarrollo de los proyectos como sus contribuciones a los territorios y a la seguridad energética del país.
A esta situación se suma el déficit fiscal proyectado de $40 billones como consecuencia de la reducción en la producción de petróleo en el mediano plazo, el posible incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de gas si se llega a importar la mitad de la demanda por falta de nueva oferta, y la necesidad identificada de aumentar las importaciones de crudo para mantener la operación de las refinerías, principalmente, en el interior del país, lo que encarecería la producción de combustibles líquidos.
MEDIDAS PROPUESTAS: condiciones para invertir y producir La ACP propone una serie de medidas para reactivar el sector que combinan estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad a proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.
1. Viabilidad operacional: – Optimización de consultas previas con acompañamiento institucional en las operaciones. – Estabilidad en requisitos ambientales. – Coordinación estatal para gestionar conflictividad y asegurar el orden público.
2. Seguridad jurídica, fiscal y confianza inversionista: – Definir una carga tributaria competitiva para el sector. – Reducir la tarifa de autorretención de gas en escenario de déficit como el actual. – Mesas técnicas para la nueva resolución de telemetría de la ANH.
3. Impulso a proyectos de gas y desarrollo costa afuera: – Acompañar y viabilizar los proyectos asegurando sus trámites socioambientales. – Priorización de 116 consultas previas para construcción de gasoducto submarino. – Expedición de licencia ambiental para infraestructura submarina y terrestre. – Optimización de la capacidad del sistema de transporte de gas (ejecución obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural y metodología de remuneración).
4. Eficiencia operativa: – Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados. – Aplazamiento de la entrada en vigor (3 de junio) del SICETAC para carga líquida.
5. Estímulo a producción incremental: – Expedición de la Resolución del Ministerio de Minas y Energía con incentivos a recobro mejorado y producción incremental. – Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025)
6. Adición de fuentes de energía: – Asegurar la complementariedad entre renovables y convencionales. – Gradualidad en la transición.
7. Competitividad para impulsar exploración y producción: ronda permanente de asignación de áreas por iniciativa privada.
8. Yacimientos No Convencionales: reactivación del desarrollo de los proyectos aprovechando que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.
“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos: Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado, la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, finalizó el presidente de ACP.
Minsalud y Supersalud emiten circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios trámites administrativos y autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud.
• La medida es de obligatorio cumplimiento por parte de entidades territoriales, EPS, prestadores y proveedores de tecnologías en salud para los servicios de urgencias, atención de cáncer en niños y adultos, atención de VIH/SIDA, para la prestación o provisión de servicios de salud y tecnologías en las Rutas de Atención Integral, RIAS, y poblaciones con condiciones de salud priorizadas por su situación en salud o por definición de política pública.
Bogotá, 29 de mayo de 2025. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud emitieron circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios del sistema de salud la carga de autorizaciones, en la atención de enfermedades crónicas y de alto costo como por ejemplo el cáncer y el VIH/SIDA.
La medida es reiterativa y busca el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto Ley 019 de 2012 y sus posteriores modificaciones, en lo que respecta a la prohibición de trasladar al usuario del sistema de salud el trámite de autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud para la atención de urgencias, de cáncer, VIH/SIDA y poblaciones priorizadas por la política pública.
En el último año, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, se presentaron 76.404 reclamaciones a EPS por autorizaciones de servicios de salud a pacientes crónicos y de alto costo, 26,445 casos correspondieron a pacientes enfermos de cáncer, lo que representa el 34.61% de los reclamos, y 21.896 a pacientes con enfermedades cardiovasculares, que equivalen al 28,67% de las quejas por esta causa.
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, dijo: “la circular conjunta reitera a actores del sistema de salud que no debe haber dificultades, ni procesos administrativos que generen barreras de acceso a los usuarios del sistema de salud, ni a los pacientes”.
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