Judicializados presuntos responsables en la expedición y utilización de títulos universitarios falsos.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, como secretario de una fundación universitaria, es señalado de tramitar y emitir dos diplomas con base en información espuria, que posteriormente Juliana Andrea Guerrero Jiménez habría presentado para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el exsecretario general de una fundación universitaria particular con sede en Bogotá, Luis Carlos Gutiérrez Martínez; y Juliana Andrea Guerrero Jiménez, estarían involucrados en la expedición y utilización de títulos falsos.

El entonces directivo del centro de educación superior es señalado de certificar que la joven reunió los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, cuando en realidad no cumplió con el plan de estudios ni con otras obligaciones.

Para sustentar esta actuación habría consignado información falsa, como presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, registros de asistencia a clases, entre otros asuntos de índole académica. Validadores técnicos de la universidad rechazaron la solicitud de grado de Guerrero Jiménez; sin embargo, Gutiérrez Martínez de manera manual acreditó que todo estaba al día.

De esta manera, el 1 de julio de 2025 fueron emitidos los dos diplomas a nombre de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien presuntamente tenía pleno conocimiento de su origen fraudulento y los utilizó en trámites oficiales con el fin de posesionarse como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

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En ese sentido, se le atribuye consignar información falsa en la plataforma electrónica SIGEP de la Función Pública e inducir en error a los servidores encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá imputó a Gutiérrez Martínez el delito de falsedad ideológica en documento público y a Guerrero Jiménez el delito de fraude procesal. Los procesados no aceptaron los cargos.

Judicializada empleada de entidad bancaria que habría facilitado información de usuarios financieros a una red dedicada a la extorsión carcelaria.

Las personas que recibían créditos eran contactadas vía telefónica e intimidadas en medio de exigencias de dinero.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a quien sería el principal enlace de una red delincuencial dedicada a la denominada extorsión carcelaria. Se trata de Queila Maryuri Orozco Trujillo, la empleada de un banco de La Dorada (Caldas) señalada de suministrar información relevante sobre potenciales víctimas.

La mujer presuntamente entregaba datos de los clientes de la sucursal en la que trabajaba a integrantes del grupo ilegal, que permanecían privados de la libertad en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana.

Con los detalles que recibían suplantaban a las personas y tramitaban créditos a su nombre. Posteriormente, la empleada bancaria, al parecer, alertaba al cabecilla de la red sobre el momento exacto en el que el dinero solicitado era desembolsado a la cuenta del usuario financiero.

De tal manera que era contactado inmediatamente vía telefónica e intimidado en medio de extorsiones.

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El material probatorio da cuenta de que Orozco Trujillo tuvo más de 670 comunicaciones con el detenido articulador de la estructura delictiva, en las que habría dado información de sus clientes. Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. La procesada no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de domicilio

Acusado presunto responsable de estafar a 41 familias campesinas con falsas promesas de adjudicación de tierras.

Es señalado de hacerse pasar por intermediario ante entidades del Estado para ofrecer supuestos trámites de restitución y adjudicación de predios rurales.

La Fiscalía General de la Nación corrió traslado de escrito de acusación a Jairo Ramón Agámez Ortiz como presunto responsable de estafar, a por lo menos, 41 personas con supuestos trámites y facilidades para acceder a tierras y lotes administrados por el Estado en zonas rurales de Caldas, Tolima y Antioquia.

Este hombre es señalado de hacerse pasar por presidente de una asociación que realizaba labores de restitución y adjudicación de predios.

Además, aseguraba actuar como intermediario ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras para generar confianza en las víctimas y convencerlas de confiar su dinero.

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De esta manera habría convencido a familias campesinas de entregarle 52 millones de pesos por concepto de afiliaciones, gastos administrativos, trámites y pólizas, sin que existiera sustento real para las gestiones ofrecidas.

Agámez Ortiz fue vinculado formalmente por el delito de estafa agravada en modalidad de masa.

El procesado aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

Entre tanto, la investigación avanza para identificar a más personas afectadas en otras regiones del país.

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