Judicial
Cayeron “Los Madereros II”
Fiscalía pone en evidencia a los señalados articuladores de la deforestación en el parque natural cueva de los guácharos en Huila
Seis personas que tendrían roles específicos en la tala de especies protegidas y la comercialización de la madera fueron judicializadas.
DEBERÁN CUMPLIR CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
La pérdida acelerada de vegetación nativa y los parches de deforestación en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, ubicado entre Pitalito y Acevedo (Huila), fueron el punto de partida de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, que contó con el apoyo de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
Luego de varias verificaciones en el terreno y monitoreos, y otras actividades desplegadas, fueron identificados seis de los presuntos articuladores de la obtención de madera en el área de reserva forestal y su comercialización.
Los elementos de prueba indican que serían los responsables de la tala acelerada de roble blanco y roble negro, especies vegetales amenazadas, y de afectar el hábitat de animales como el mono tití y la rana de cristal, que se encuentran en peligro de extinción.
Estas personas harían parte de una red delictiva conocida como ‘Los Madereros II’. Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, deforestación, daño en los recursos naturales y concierto para delinquir.
Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento, uno de ellos en centro carcelario. Entre los afectados con la decisión está Milton Guevara Yate, quien era el cabecilla de la organización.
Este hombre había sido condenado por estas conductas ilícitas; sin embargo, continuaría dedicándose a la tala, transporte y venta de material maderable.
Los otros investigados son Jesús Hernando Paz Ojeda, Norberto Andrade Narváez y Willington Toro Ojeda, señalados aserradores, encargados de obtener la madera en el Parque Nacional Natural; Obdulia Yaneth Ojeda Guevara, quien estaría implicada en la venta del producto; y Diego Andrés Alzate Torres, presunto responsable del transporte de los listones de madera a diferentes establecimientos de comercio.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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