Rafael Antonio Velásquez Pinzón aceptó su responsabilidad en los hechos que le fueron atribuidos entre ellos el caso de un niño de 12 años que fue asesinado.

La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de coincidencias en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de varias agresiones sexuales contra menores de edad ocurridas en zonas rurales de Quindío; y de un mismo señalado responsable: Rafael Antonio Velásquez Pinzón.

Este hombre sería el responsable de interceptar a niños y adolescentes que se desplazaban solos hacia sus colegios o regresaban a sus viviendas por carreteras veredales de Circasia, Salento y Montenegro. En la mayoría de los casos los intimidaba con armas de fuego o cortopunzantes, los trasladaba por la fuerza a zonas boscosas y, en esos lugares, los sometía a agresiones sexuales. 

Las víctimas identificadas son cinco menores de edad, de sexo masculino, con edades entre los 12 y 15 años.

Las actividades de policía judicial permitieron relacionar los casos y documentar los eventos delictivos perpetrados en septiembre de 2022, julio de 2025 y febrero de 2026.

Una de las víctimas, un niño de 12 años fue asesinado. Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Seccional Quindío obtuvo orden de captura, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Quimbaya.

En el procedimiento fueron incautados una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos serán sometidos a los respectivos análisis. Velásquez Pinzón fue imputado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y actos sexuales violentos.

Los cargos fueron aceptados y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Ante la posibilidad de que existan otras víctimas, la fiscalía general de la Nación invita a quienes hayan sido afectados por conductas similares a denunciar a través de la línea 122, por los canales virtuales habilitados por la entidad o a la sede de la Seccional Quindío.

Advertisement

Una juez, un funcionario judicial y una abogada, investigados por presunto acuerdo de 1.200 millones de pesos para dejar en libertad a ciudadano requerido en extradición. La decisión judicial fue revocada tres días después de hacerse efectiva la libertad.

La Fiscalía General de la Nación investiga un posible acuerdo de 1.200 millones de pesos para favorecer con una decisión judicial a Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por narcotráfico.

En los hechos estarían involucrados la juez de control de garantías de Bogotá, Miryan Alcira Martínez López; el funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía; y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca. Estas personas, señaladas de articular sus actuaciones para que el extranjero quedara en libertad mediante un habeas corpus, fueron capturadas por servidores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Bogotá y Cota (Cundinamarca).

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción las presentó ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

Adicionalmente, a Martínez López se le vinculará también por prevaricato por acción.

Las evidencias dan cuenta de que, el 4 de junio de 2026, Herrera Cuenca acudió al despacho de la juez Martínez López para presuntamente concertar la concesión de un habeas corpus a favor de Van der Voort, a cambio le habría entregado 600 millones de pesos que corresponderían a un primer pago. Al día siguiente, la funcionaria envió a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos del ciudadano neerlandés, elemento que sería una evidencia del posible acuerdo ilícito.

Por su parte, Garavito Mejía habría coordinado con la abogada la radicación de la solicitud durante un fin de semana en el que él y la juez estuvieran de turno, con el propósito de que la petición llegara al despacho de Martínez López. El 13 de junio, la juez concedió el habeas corpus y ordenó la libertad inmediata del requerido.

Advertisement

 Argumentó que transcurrieron 109 días desde su captura sin que se resolviera el trámite de extradición, cuyo plazo límite estimó en 60 días, y cuestionó las condiciones del expediente remitido a la Corte Suprema de Justicia.

Para la Fiscalía, Martínez López carecía de competencia para resolver la solicitud y no podía asumir el conocimiento de la acción.

Finalmente, el 18 de junio, otro funcionario judicial revocó la decisión, por lo que Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición.

Esta investigación surge de informes obtenidos preliminarmente por fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, y se enmarca en la priorización de casos de posible corrupción judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración de justicia.

Advertisement

La Fiscalía acreditó que Felipe Rodríguez Mariano, como integrante del comité evaluador, orientó a uno de los proponentes para corregir inconsistencias en su oferta e incidió en la evaluación que derivó en la adjudicación del contrato.

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Felipe Rodríguez Mariano, exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la contratación de la interventoría de un proyecto de vivienda gratuita.

La investigación dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que, en 2017, Fonade abrió una convocatoria privada para contratar la auditoría y supervisión de un proyecto que contempló la construcción de 4.678 viviendas en nueve departamentos.

Entre las tres empresas invitadas a participar se encontraba un consorcio referenciado previamente por dirigentes políticos. Rodríguez Mariano, como integrante del Comité Evaluador de Propuestas, comunicó a representantes de dicho consorcio los errores identificados en su oferta comercial y les indicó cómo subsanarlos.

También influyó en los demás evaluadores y facilitó la ampliación de los plazos para entregar la documentación requerida, pese a que la propuesta había sido rechazada el 6 y el 18 de abril de 2017.

Advertisement

Adicionalmente, se conoció que el entonces funcionario sostuvo reuniones con directivos del proponente, en las que se comprometió a agilizar la emisión de un concepto favorable. Al día siguiente, el comité recomendó aceptar la oferta y, el 8 de mayo de 2017, se suscribió el contrato de interventoría por 16.612 millones de pesos, con un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta agotar los recursos disponibles.

Por lo anterior, Rodríguez Mariano fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión. Otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, han sido sentenciadas igualmente por otras instancias judiciales, dos de ellas exsenadores.