Judicial
Cárcel para integrantes de ‘Los Pachenca’
Entre las víctimas estaba el hermano de una exdiputada de Magdalena y una niña de 10 años.
La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de cuatro señalados integrantes de la organización delincuencial ‘Los Pachenca’, como presuntos responsables de un triple homicidio ocurrido en Santa Marta (Magdalena), el 10 de octubre de 2023.
La decisión afecta a Esteban Nicolás Abuchaibe Suárez, alias Padrino, quien sería uno de los cabecillas de este grupo ilegal; Miguel Ángel Prada Carrillo, alias Lobo Blanco; Rafael Eduardo García Brito, alias Rafita; y Carlos Alberto Camejo Brito, alias Chespy.
Los hechos investigados ocurrieron en el sector conocido como Ayapel.
Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo en el que se movilizaban el hermano de una exdiputada de Magdalena, una mujer de 58 años y una niña de 10 años, y les dispararon causándoles la muerte.
El material probatorio da cuenta de que alias El Padrino habría ordenado el crimen; mientras que alias Lobo Blanco presuntamente realizó las labores de seguimiento previas y fue el encargado de obstruir el paso del carro en el que viajaban las víctimas.
Por su parte, ‘Rafita’ y ‘Chespy’ serían los dos sicarios que ejecutaron el ataque.
La evidencia recopilada indica que la acción violenta estaría relacionada con el no pago de extorsiones a ‘Los Pachenca’ por la tenencia de unos predios específicos.
En ese sentido, una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Dirección de Apoyo Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados. Estas cuatro personas fueron identificadas y capturadas en Santa Marta, gracias a la investigación y el trabajo liderado por la Dijín de la Policía Nacional en trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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